Hace al menos cinco años que las entidades sociales detectan que los ayuntamientos no están garantizando el empadronamiento a aquellos ciudadanos más vulnerables: los que no pueden demostrar un contrato de alquiler o de propiedad de la dirección en la que dicen residir. Quienes viven en la calle o quienes lo hacen en habitaciones realquiladas o en lugares insalubres tampoco pueden acceder al padrón, aunque la ley dicta que sí debería tramitarse su empadronamiento. El padrón es un trámite que abre la puerta a derechos sociales: acceso a la sanidad pública, a la educación o las prestaciones sociales más básicas. Es por ello que muchas personas optan por pagar a terceros para conseguir un domicilio ficticio. Las mafias del padrón se han hecho fuertes.