La nueva ley de paridad: oportuna, pero rodeada de incógnitas

Buen administrador del tiempo político, Pedro Sánchez aprovechó el fin de semana previo al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, para hacer un anuncio de impacto: el Gobierno, y más concretamente la parte del PSOE, tenía a punto el anteproyecto de ley de paridad. La norma va más allá de la ley de igualdad de 2007 y, entre otras cosas, implanta las listas cremallera (la inclusión alternativa de un hombre y una mujer) en las candidaturas de cualquier proceso electoral –Congreso, Senado, autonomías, ayuntamientos- y el equilibrio de género en el consejo de ministros y los consejos de administración de las empresas cotizadas, y también de las grandes empresas no cotizadas. Todos esos ámbitos, y otros como las direcciones de los colegios profesionales e incluso los jurados que otorguen premios públicos, deberán contar con un mínimo del 40% de hombres y mujeres a partir de los próximos años. “Este martes romperemos para siempre el techo de cristal”, dijo el presidente del Gobierno en la víspera de la aprobación del anteproyecto de ley. A nadie se le escapa que el anuncio de la nueva norma, que consolidaría a España en la vanguardia de las políticas de igualdad mundiales, llegaba a pocas semanas de unas elecciones decisivas, las del próximo domingo. Y tampoco que venía a robustecer la apuesta feminista de los socialistas en un momento en que sus socios de Unidas Podemos en el Gobierno aparecen ante la opinión pública como más incisivos en ese campo. “El feminismo era un valor tradicional del PSOE, y de repente ven que tienen que competir con Podemos”, afirma Sílvia Claveria, profesora de la Universidad Carlos III de Madrid y autora del libro ‘El feminismo lo cambia todo’. “Vieron además que se habían abierto muchas controversias relacionadas con la ley trans, o el ‘sí es sí’. Creo que se intentaron desmarcar proponiendo medidas que tienen que ver un poco más con la presencia del feminismo en las élites, que pueden ser mejor valoradas por sus votantes de centro, para marcar perfil y poner en valor su trayectoria”, añade. El PSOE niega oportunismo La diputada Sònia Guerra, portavoz socialista de Derechos Sociales en el Congreso, niega cualquier tipo de oportunismo o de competencia con Podemos en el despliegue de la nueva ley. “Para nada. Tenemos claro que hay que avanzar, y las listas cremallera forman parte de una reivindicación histórica del feminismo y del PSOE”, asegura. Guerra afirma que, pese a que España ya es un referente en políticas de igualdad de género, son necesarios “nuevos instrumentos legales” que las mejoren. “Por ejemplo, la ley de igualdad de Zapatero no obliga a que los gobiernos sean paritarios. Con Sánchez los hemos tenido, pero si cambia el color político…”, dice. Tanto Claveria como otra experta en la materia, la profesora de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Barcelona Margarita León, coinciden en la pertinencia de una mayor regulación legal. “Por supuesto que son medidas necesarias, en ningún lugar la paridad en política se consigue sin ninguna acción legislativa”, resume León. Al margen de las bondades de la nueva norma, la duda está en si podrá aprobarse definitivamente antes de que termine la legislatura. Las elecciones generales se celebrarán a finales de año, y la oposición atribuye objetivos electoralistas al anuncio del PSOE. De hecho, el PP critica la “improvisación” de Sánchez. “Nos pareció que se trataba de una propuesta apresurada que se sacó de la manga para tener algo que presentar el 8-M”, asegura Marta González, portavoz adjunta del grupo popular en el Congreso. “Nosotros tenemos indicaciones del Ejecutivo, y en particular del presidente, de trabajar hasta el último día con las nuevas leyes, y esta es una de las más importantes”, insiste Guerra por su parte. La falta de concreciones de la nueva norma también preocupa a los populares, que en cualquier caso no se cierran a “trabajar” para mejorar una propuesta que de momento no ven “imprescindible”. “Si hubiese habido una propuesta trabajada posiblemente ya la conoceríamos, pero no está en el Congreso”, denuncia González. En cuanto a los expertos, Claveria también se queja de que por el momento se desconozca cómo se castigará a los que infrinjan la ley: “Lo difícil no es poner cuotas a las empresas, sino decidir cuál es la sanción, porque si no no sirven para nada”. Efectiva con circunscripciones y partidos pequeños ¿Por qué era necesario, desde un punto de vista de la paridad de género, superar la ley de igualdad actual, que ha propiciado entre otras cosas que el Congreso cuente con un 47,2% de diputadas? Porque en algunas circunscripciones pequeñas, la actual cuota del 40% cada cinco posiciones en listas permite que solo salgan elegidos hombres, si los partidos los colocan en los primeros lugares de las candidaturas. Lo mismo pasa con los partidos pequeños: si, en unas elecciones generales, solo obtienen un representante en varias provincias, es fácil que el número final de diputados sea muy superior al de diputadas. “Se vio cuando se dividió la derecha”, afirma Claveria. Con la aparición de partidos como Ciudadanos o Vox, “todo se fragmentó, y es un espacio político que tradicionalmente tiene a pocas mujeres en posiciones altas de las listas”. La politóloga, en cualquier caso, echa de menos que se hable de otras medidas efectivas, como “las cuotas horizontales”: que, dentro de una misma comunidad autónoma, se equilibrase el número de hombres y mujeres que encabezasen las candidaturas de cada provincia.

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