"El amianto no es una cosa del pasado, nos va la vida y llegamos tarde". Albert Torrents, vicepresidente de la Confederació d'Associacions de Veïns de Catalunya (CONFAVC), ha reclamado este miércoles a la administración que apriete de una vez el acelerador en el mapeo y la retirada de este material del que no puede hablarse en pretérito porque cada año registra entre 70.000 y 90.000 muertes en Europa. La UE ha dictado que en 2028 no debe quedar amianto en los edificios públicos y que en 2032 debe estar erradicado de todas las estructuras. El Govern presentó en marzo un plan nacional y hay una ley en marcha. Sin embargo, según cálculos de expertos de las entidades vecinales, las ecuaciones no cuadran. "Si hoy día se conceden 2.000 planes de trabajo anuales para detectar el amianto y se estima que existen 300.000 edificios catalanes afectados, las inspecciones y su retirada no habrán acabado hasta dentro de 150 años". Según los especialistas de las entidades, hay un millón de edificios que podrían ser "dudosos".