Centros educativos donde viven niños cuyos padres no se pueden hacer cargo, servicios de atención a mujeres que han sufrido violencias machista y necesitan un lugar donde empezar una nueva vida, albergues para dar un techo a personas sin hogar, residencias de ancianos o personas con discapacidad, pisos de inserción o servicios de detección precoz. Estos son algunos de los servicios públicos que gestiona la 'conselleria' de Drets Socials de la Generalitat. El 54% de ellos están subcontratados a entidades sociales que este año, debido al sobrecoste de la inflación, tuvieron que avanzar 281,5 millones de euros para mantenerlos abiertos, según apunta un sondeo realizado por la Confederació del Tercer Sector. La patronal de las oenegés reclama al Govern mejoras en la financiación. "Llueve sobre mojado y nuestro trabajo es esencial", advierte Laia Grabulosa, directora de La Confederació.