Despedir personal, encomendarse a créditos bancarios o tener que suspender actividades porque los números no salen. Estas son las medidas drásticas que están tomando las entidades sociales y fundaciones que gestionan servicios públicos subcontratados por la Generalitat, ante la escalada de los precios de este último año. Centros de menores, residencias de ancianos y personas con discapacidad, pisos de inclusión, servicios de atención a las víctimas de violencia o albergues para personas sin hogar no consiguen cuadrar las cuentas. "No encontramos personal para trabajar", lamentan varias oenegés que han encajado aumentos de hasta el 300% de las facturas de la luz o el gas.
Crisis social
El tercer sector, en números rojos: "Dependemos de donativos y créditos para garantizar servicios públicos"
Distintas oenegés explican cómo les ha afectado el aumento de los gastos derivados de la inflación
Barcelona 02/10/2023 Residencia centro de dí 3 Pins de personas con discapacidad mental. FOTO de FERRAN NADEU /
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