El número de asociados en toda España es elevado y puede llegar a los 30.000 (aproximadamente, el 40% del total). Se trata de profesionales con sólida y relevante experiencia laboral en la asignatura que imparten (la mayoría tiene otros trabajos fuera del campus) y sus contratos son renovados cada año. La futura Losu, que sigue en el Senado pendiente de su aprobación definitiva, convertirá esos contratos en fijos. “El espíritu de la ley nos parece estupendo. En teoría, todo es positivo para nosotros. Ahora bien, la norma no especifica los mecanismos y ahí radica el problema. Cada universidad es autónoma y, por lo tanto, fijará los criterios que considere oportunos para convertir nuestros contratos en fijos a través de un concurso de méritos. ¿Qué garantías tenemos? Ninguna. Nos preocupa mucho la falta de seguridad”, explicaba a EL PERIÓDICO, en febrero, Enric Mir i Teixidor, arquitecto y profesor asociado en la UPC.

Cuando se convocó la huelga, la presidenta de la Asociación Estatal del Profesorado Asociado, Isabel de la Cruz, pronosticó que muchos serán despedidos a pesar de encadenar años y años de contratos. Sigue manteniendo ese diagnóstico. "Todos los que llevamos, como mínimo, tres años dando clase deberíamos tener un contrato indefinido. Y ya está. ¿Por qué tenemos que pasar ahora un concurso?", se queja.

La Losu ya está aprobada. Sin embargo, para todo lo que tiene que ver con el profesorado y su estabilidad laboral, la aplicación de la norma se aplazará hasta el curso 2025-26. Será entonces cuando la temporalidad quedará reducida a un 8% (en lugar del 40% actual): docentes visitantes, distinguidos y sustitutos. Los asociados tendrán contrato indefinido y bajarán de 180 horas lectivas a 120. Mir i Teixidor criticó que reducir de esa manera las clases implicará, en muchos casos, que no dé tiempo a completar la asignatura. De la Cruz añade que esto afectará a todas las carreras, especialmente a las técnicas.

Con la Losu, los asociados comenzarán a tener unos derechos que no tenían antes: paro, indemnización por despido y finiquito. Tendrán reconocidos los quinquenios, pero no tienen claro que vayan a cobrarlos. Además, los convocantes de la huelga reclaman el reconocimiento de las horas efectivas de trabajo, al especificar que a cada hora de clase le corresponden cuatro de preparación.

El arquitecto y profesor asociado de la UPC aseguraba que uno de los grandes fallos de la Losu es no contar con una partida presupuestaria concreta. La ley nace con el compromiso de aumentar la financiación de las universidades públicas, que pasará a ser el 1% del PIB. El Estado se compromete a aumentar la financiación mientras que las comunidades deberán comprometer a destinar los fondos recibidos a la educación superior y no a otra cosa. Habrá un calendario de adaptación hasta 2030. Los profesores asociados, sin embargo, desconfían de las buenas intenciones y se preguntan de dónde saldrá la partida económica para convertir en fijos sus contratos. Otra petición de los asociados es el pleno derecho a la labor de investigación en las facultades, algo, insisten, no especificado en la norma. "La ley no obliga a aumentar la financiación. Solo lo recomienda. Todo queda en manos de las Comunidades autónomas, y muchas ya han dicho que ellas no van a poner un euro más. No tenemos ninguna garantía", añade De la Cruz.