La falta de pautas claras propicia que víctimas y agresores sexuales menores sigan en la misma aula

Pasó en el centro comercial Magic de Badalona. Ha sucedido en una escuela en El Vendrell. Pero no son casos aislados. Las agresiones sexuales entre menores de edad que comparten escuela, clases de música, entrenamientos deportivos o que van a un 'cau' o 'esplai' están aflorando en los últimos años. Así lo corroboran a este diario expertos de atención a víctimas y agresores, escuelas y entidades sociales, que reclaman normas escritas, más coordinación y acompañamiento, para tener claro cómo proceder cuando estallan los casos. "Las escuelas estamos muy solas, no nos informan de nada", se queja Susanna Soler, exdirectora de un instituto de Sant Pere de Ribes que, explica, cada año ha tenido que asistir a al menos un juicio por casos de violencia sufrido por su alumnado. En Badalona, la escuela tardó tres meses en enterarse de lo ocurrido y el ambiente en el entorno escolar es ya irrespirable. No es extraño que los agresores y las víctimas se reencuentren en el centro educativo o en el espacio de las extraescolares. Una situación habitual es que el agresor sea un líder en el aula y la clase se posicione en contra de la agredida. "A menudo dicen que se lo está inventando, que no habrá sido para tanto... Esto afecta muy negativamente a la víctima y su recuperación. Si no hacemos nada, si esperamos a la sentencia o que llegue final de curso... ya nos estamos posicionando", explica Anna Fábregas, jefa del Equipo de Atención a las Violencias hacia la Infancia y la Adolescencia (EMMA) del Hospital Vall d'Hebron. Variabilidad territorial Fábregas y su equipo atienden a los niños que han sufrido violencia sexual en la ciudad de Barcelona. El año pasado acompañaron a 341 víctimas. En el 32% de los casos los agresores también eran menores de edad. "Cuando la agresión ha ocurrido en el entorno escolar o en actividades de ocio lo notificamos al Consorci d'Educació de Barcelona", explica Mireia Forner, psicóloga de la unidad. Por ley, están obligados a trasladarlo a Fiscalía de Menores, pero consideran que es de sentido común alertar a las instituciones educativas para manejar las situaciones que ocurren posteriormente, teniendo en cuenta que la escuela necesita respuestas inmediatas. "En mi zona no tenemos esta suerte. Llamas al centro de salud mental infantil para saber un poco cómo va el caso y trabajar conjuntamente y te dicen que no pueden contarte nada; esto no es coordinación. Vamos rascando de la familia si quiere colaborar, pero esta no es forma de trabajar ni de seguir los casos. No puede ser que la escuela tenga que informar a todo el mundo pero después a nosotros no nos informe nadie: ni Mossos, ni Fiscalía, ni el sistema sanitario", se queja la exdirectora de instituto Susanna Soler. Descoordinación Esta descoordinación existe en ambos sentidos, según la exdirectora. "A veces teníamos alumnos expulsados de institutos de otros municipios que acababan viniendo al nuestro. Evidentemente, sabes que ha pasado algo, pero nadie nos cuenta qué. Así es imposible trabajar. Lo terminamos sabiendo porque tiras de contactos, amistades o la propia familia, pero debemos pensar que frente al derecho a la protección está el derecho a la comunidad. Nosotros podemos ayudar también a los psicólogos que atienden a los chicos", insiste Soler. "Esto es revictimización: no puede ser que las familias tengan que ir peregrinando y contando lo mismo a varios profesionales. Necesitamos una única puerta de acceso", añade Forner. Una realidad que debe cambiar este año, con la implantación de un modelo escandinavo que se ha pilotado en Tarragona. Aquí se ve otra de las carencias de los centros. "En los coles no existen lugares para hablar con los niños. Nosotros habilitamos la sala de la limpieza, pero no es la forma. Debemos tener un lugar donde trabajar", señala Soler. Reencuentro en el aula Si la escuela se entera del caso, llega la segunda decisión. ¿El agresor debe ser expulsado? La recomendación de las profesionales de EMMA es la de evitar cualquier contacto, cosa que a menudo no ocurre. "Las víctimas tienen recuerdos intrusivos, 'flashbacks', malestar, ansiedad.. pero a veces no podemos evitar que sigan conviviendo porque es inspección de Educació quien acaba decidiendo", explica Forner. "Los niños vuelven a la escuela al día siguiente y nosotros no podemos esperar. Hay quien opta por la expulsión para intentar aislarles y que estén en casa con sus padres, aunque, claro, suelen trabajar y no pueden estar con ellos. Hay quien decide expulsar a los agresores, aunque no han infringido ninguna norma escolar, lo que vulnera la normativa. El problema es que cada centro y cada territorio hace un poco lo que puede. Y no nos ayuda nadie a decidir sobre estos temas: ni inspección ni nadie, estamos muy solos", clama Soler. Lo que terminan haciendo muchos centros, ante la falta de respuesta de sus superiores y de los servicios que atienden a los menores, es hacer una llamada de socorro a las entidades sociales. "Vamos todos desesperados contactando con la Fundación Vicky Bernadet", dice Soler. Una realidad que la oenegé corrobora. "Los centros necesitan sentir que han hecho su trabajo, que puedan llorar... Nos piden ayuda para preparar reuniones con las familias o decidir qué hacen cuando la inspección no les deja cambiar los niños de escuela y ambos van al mismo centro. Les acompañamos para abordar los casos conjuntamente", explica la psicóloga de la entidad, Pilar Polo, que diferencia entre extraescolares y colegios. "Los primeros los pueden expulsar, los segundos no porque la educación es un derecho y una obligación", añade. Pautas interdepartamentales Polo confirma que muchas escuelas no se pueden coordinar con los equipos especializados de atención a las víctimas. "Depende de cada profesional, y muchos optan por aplicar lo que dice la ley, que no les obliga a coordinarse. Aunque no es lo que habría que hacer", explica. Si bien es cierto que la entidad asumo este rol de acompañamiento, pide que se realice desde manos expertas. "Educació ahora no tiene capacidad para hacerlo, aunque deberíamos disponer de un servicio de atención a todos los centros". Este martes el Govern ha admitido que muy probablemente, en el caso de Badalona, los protocolos no se activaron correctamente. Las expertas piden medidas concretas que tengan como objetivo la recuperación de las víctimas. "Necesitamos protocolos interdepartamentales que den pautas claras a los profesionales sobre cómo abordar estos casos cuya gestión es muy complicada y delicada", reclama Forner. "El problema es que cada institución tiene su propio protocolo, pero debemos trabajar en red con pautas comunas de forma interdepartamental", insiste. "Nos faltan medios y manos. Psicólogos, orientadores, mediadores", añade Soler desde el mundo escolar. "Las escuelas llegan un poco tarde. Antes estos casos de violencia sexual entre menores eran más puntuales y ahora están apareciendo más, también por la ciberviolencia a través de las redes sociales. A veces hay centros que reaccionan rápido, pero otros se escudan en que aún no hay sentencia... la gestión acaba dependiendo de los equipos, por eso necesitamos normas muy claras que digan lo que hay que hacer con la mirada puesta en proteger y ayudar a la víctima", explica Fábregas. Ambas expertas insisten en que la escuela no es el único entorno en el que hay que trabajar. Hay que tener en cuenta las actividades extraescolares y de ocio, donde también se dan casos. "El lugar donde ocurren las agresiones debe gestionar miedos, preocupaciones... pero también cómo los otros menores lo gestionan", dice Forner. "Los adolescentes se posicionan y mucho", explica Fábregas.

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