El auge de las querellas mordaza climáticas

El pasado 20 de octubre, la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, realizó un discurso en Estrasburgo que da cuenta de la importancia y urgencia de poner freno a un problema ampliamente ignorado y que en el mundo anglosajón se conoce con el acrónimo SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation o Estrategia de Demandas contra la Participación Pública). “Las SLAPP son la segunda mayor amenaza a la libertad de expresión y a la disensión [en Europa] tras la violencia física”, aseveró Mijatovic, en referencia al uso abusivo y desproporcionado de querellas interpuestas por poderosas empresas o individuos que, por medio de esas acciones legales, no persiguen reparar un daño causado a su imagen sino simplemente intimidar o incluso silenciar a ecologistas y periodistas que previamente han expuesto sus supuestos comportamientos anticlimáticos. “Las SLAPP ocurren todos los días en Europa, en muchos de nuestros estados miembros, y afectan a profesionales y a jóvenes activistas que se expresan para proteger a sus comunidades o el medioambiente”, agregó Mijatovic durante una conferencia celebrada en la sede del Consejo de Europa y destinada a buscar soluciones este problema] . La Unesco también alertó recientemente del auge de las demandas por presunta difamación como estrategia para coartar la libertad de expresiónen el mundo. Sin importar el interés público En cualquier democracia plena, el derecho al honor es un derecho fundamental del ciudadano, más aún cuando las redes sociales han multiplicado exponencialmente los bulos que dañan reputaciones. Sin embargo, la libertad de expresión y el derecho a la información son derechos igualmente centrales de las sociedades modernas. Las SLAPP, a diferencia de una querella por difamación con fundamentos legítimos, abusa del litigio para tratar de cercenar la libertad de expresión por medio de la amenaza que supone para el demandado tener que afrontar costosas cargas legales, sin importar si la información por la que ha sido denunciado es veraz y tiene un interés público. “Los demandantes tienen menos interés en el resultado [legal] que en el proceso en sí”, explica a EL PERIÓDICO Charlie Holt, consejero legal de campañas de Greenpeace Internacional y director de la estrategia anti-SLAPP de la organización ecologista, que ha sido víctima de varias querellas millonarias por parte de empresas energéticas en Estados Unidos. Este activista británico recuerda que, en algunas jurisdicciones como Reino Unido, enfrentar un proceso por difamación supone tener que hacer frente a “costes astronómicamente altos”, lo que puede acarrear que ecologistas o incluso periodistas, en vez de revelar abusos o ilegalidades de las que son conocedores, incurran en autocensura por miedo a represalias. En 2020, Greenpeace Internacional publicó un informe titulado Demandado para Callar. Cómo los ricos y los poderosos usan tácticas legales para callar las críticas, en el que diseccionaba las estrategias legales intimidatorias, así como varios casos de activistas y periodistas europeos perseguidos en los tribunales por denunciar, entre otros, la contaminación de suelos y aguas por parte de empresas ganaderas o el uso excesivo de pesticidas en el cultivo de la manzana. Otras víctimas de supuestos casos de SLAPP eran manifestantes contrarios a la apertura de nuevas minas de carbón, cuya quema genera emisiones de CO2 y contribuye sobremanera al calentamiento global del planeta. Los demandantes en esos y otros casos relatados en el informe son grandes corporaciones, empresarios o incluso políticos europeos que reclaman como reparación el pago de cientos de miles de euros o incluso millones. Tendencia al alza No existen datos específicos sobre el número de litigios intimidatorios contra ecologistas o periodistas como consecuencia de haber denunciado actos ilícitos o crímenes medioambientales. Pero sí ha sido documentado que cada año se presentan cientos, aunque podrían ser miles, de querellas por difamación contra reporteros y activistas en los países de la Unión Europea. También se sabe que las SLAPP —de todo tipo, no solo por temas climáticos— son una tendencia al alza. En Italia, por ejemplo, el número de querellas se ha duplicado entre 2011 y 2017, pero no por ello ha crecido el número de condenados, pues muchos casos son desestimados durante la fase de instrucción, según estudios académicos. Holt, el activista de Greenpeace Internacional, explica que algunos de los países donde sí se han documentado un aumento de las demandas contra ecologistas son Francia, Polonia, Reino Unido o Serbia. En las instituciones europeas, dice, ya hay la conciencia de que las querellas intimidatorias ponen en riesgo las libertades fundamentales en un contexto de premura por luchar contra el cambio climático. “Hay el entendimiento de que es un ataque directo a la libertad de expresión, que es una amenaza a la democracia y a la posibilidad de denunciar y de hacer que los poderosos rindan cuentas”, explica. La Comisión Europea ya ha comenzado a dar algunos pasos al respecto. En abril del año pasado, tras abrir una consulta pública, presentó a los países miembro una propuesta de directiva destinada a proteger a reporteros y activistas ante las querellas mordaz , que definió como “una forma especialmente perniciosa de acoso e intimidación contra las personas implicadas en la protección del interés público”. Organizaciones defensoras de la libertad de prensa y asociaciones ecologistas arguyen que es urgente que los países europeos implementen medidas disuasorias. Una posibilidad sería lo que ya se hace en Estados Unidos: modificar la ley para imponer al demandante el total las costas procesuales o incluso una parte de la cantidad reclamada, en caso de que la querella sea desestimada y ésta se revele como una estrategia meramente intimidatoria.

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