La ley ya permite abortar sin permiso paterno a las jóvenes de 16 y 17 años

Apenas semanas después de que el Tribunal Constitucional avalara la ley del aborto que consagra la posibilidad de interumpir libremente el embarazo hasta la semana 14 de gestación, este jueves, 2 de marzo, ha entrado en vigor la reforma legal que nació con el objetivo de blindar este derecho en la sanidad pública y ampliar los derechos sexuales y reproductivos. La negociación en torno a la modificación de la ley de salud sexual y reproductiva en el seno del Gobierno fue compleja, pero la tramitación parlamentaria ha sido sencilla, de forma que este jueves la norma ha sido aprobada definitivamente por la Cámara baja, junto a otra de las leyes estrella del Ministerio de Igualdad, la 'ley trans'. Estas son las claves de la reforma: Las medidas sobre aborto Para garantizar el aborto en la sanidad pública, donde apenas se practican interrupciones de embarazos, la ley crea un registro de objetores, similar al que ya existe en la eutanasia, con el fin de identificar qué servicios tienen más objetores y hay que reforzar con otros sanitarios. En la tramitación parlamentaria, se ha introducido además un precepto que garantiza que los profesionales que no se nieguen a practicar abortos no sean relegados en exclusiva a esta práctica. Por otro lado, la norma elimina los tres días de reflexión y la entrega de un sobre con información como requisito de acceso. Y, para impedir que algunas administraciones territoriales coaccionen a las mujeres, como quiso hacer Vox en Castilla y León al proponer la posibilidad de que escuchen el latido fetal o una fotografía en 4D antes de someterse a la intervención, en el Senado se acordó una enmienda que prevé el libre ejercicio del derecho en España. Asimismo, la reforma legal permite que las jóvenes de 16 y 17 años puedan abortar sin permiso paterno. Al mismo tiempo, garantiza que los centros de salud distribuyan la píldora de día después, que ahora vale unos 20 euros, de forma gratuita. Salud menstrual La reforma incorpora medidas que no tienen que ver con el aborto, de forma que, por primera vez, una ley española dedica un capítulo íntegro a los derechos relativos a la salud menstrual. En él se crea una baja laboral a la que podrán acogerse mujeres con reglas dolorosas. Esta incapacidad temporal deberá prescribirla el médico y será financiada íntegramente por el Estado. Asimismo, se crean otros dos permisos, uno universal para mujeres en la semana 39 de gestación y otro cuando el médico estime que la mujer no está en condiciones de trabajar tras un aborto, tanto voluntario como involuntario. Además, se repartirán gratuitamente compresas y productos de higiene femenina en institutos, prisiones, centros sociales y organismos para tratar de atajar la pobreza menstrual. Violencias reproductivas El anteproyecto contempla como violencias reproductivas la gestación subrogada y la esterilización, el embarazo y el aborto forzoso. Asimismo, la norma trata de acabar con algunas prácticas de violencia obstétrica en los paritorios y las consultas ginecológicas; aunque ante el rechazo que generó en el ámbito médico el propósito del Ministerio de Igualdad, finalmente este término no se incluye en la proyecto legal pero sí se insta al personal sanitario a que actúe conforme al parto respetado. Asimismo, se exige recabar consentimiento informado de la mujer antes de cualquier práctica invasiva en un parto. En este contexto, la ley prevé también la elaboración de un protocolo común y la formación de los profesionales en el parto respetuoso y no intervencionista. Educación sexual La reforma contempla que se imparta educación sexual en todas las etapas educativas, como ya hizo la ‘ley Celáa’ o la 'ley sí es sí'. Además, prevé que se repartan de forma gratuita anticonceptivos en los centros educativos y penitenciaros. Se crearán centros de atención especializados salud sexual; una línea de atención telefónica y se formará a profesores, funcionarios de prisiones y trabajadores públicos. Además, las píldoras de última generación volverán a estar financiadas por la Seguridad social.

La ley ya permite abortar sin permiso paterno a las jóvenes de 16 y 17 años

La reforma blinda el aborto en la sanidad pública y prevé que las jóvenes de 16 y 17 años puedan interrumpir su embarazo sin permiso paterno

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