"Estamos hablando de un tema de derechos humanos y de dignidad: del derecho que tiene mi hijo a tener su higiene, a moverse, a salir de casa.... Esperar tres años es un lujo que no nos podemos permitir". Este es el lamento de Rocío Martín, madre de tres hijos, uno de ellos con parálisis infantil desde el nacimiento. Albert tiene una discapacidad del 84% y el derecho a recibir las ayudas PUA (prestación de atención social a personas con discapacidad) que cada año otorga la Generalitat para financiar material y servicios que mejoren la autonomía de las personas con discapacidad en Catalunya. Albert necesita una camilla para ducharse, una cama articulada y una grúa para poderle mover. Pero hace tres años que el Govern ni ejecuta ni resuelve estas ayudas. Como él, centenares de familias y entidades se llevan las manos a la cabeza: "¿Cómo es posible que nos hagan esto?", se pregunta Martín.