Un pueblo de Tarragona se niega a acoger un centro para niños desamparados

"CRAE NO". Es el lema que repiten muchos vecinos de Els Pallaresos (Tarragona). Dos palabras, pintadas en espray, que se pueden ver por todo el municipio, empezando por las baldosas que hay frente al ayuntamiento. Las protestas no son contra la instalación de una incineradora, una industria contaminante o una central nuclear. Una plataforma vecinal y el Gobierno municipal entero se niegan a permitir que en el pueblo se instale un Centro Residencial de Atención Educativa (CRAE), un centro social donde viven niños de 4 a 14 años nacidos en Catalunya cuyos padres no pueden hacerse cargo de ellos. En esta plataforma vecinal han calado mensajes de odio que relacionan a estos menores con la delincuencia y las agresiones sexuales. Y cuentan con el apoyo de afiliados de VOX en la comarca del Tarragonès. "¿Desde cuándo se cuestionan los derechos humanos?", responden otros vecinos, que no dan crédito a esta reacción desfavorable. "Yo es que no soy de aquí, solo vengo a trabajar", se excusa una mujer en Els Pallaresos al hablar con EL PERIÓDICO. Pero, en cambio, es contundente sobre el centro de menores que la Generalitat quiere instalar en el municipio. "No lo quiero", responde. "Nos traerán problemas: robos, violaciones... nosotros estamos muy tranquilos y hay niños de estos que son muy problemáticos", argumenta. "Está en juego la seguridad de nuestros hijos, delincuencia, desvalorización de nuestras viviendas", mantienen también algunos carteles repartidos por el pueblo. Una información desmentida por todas las estadísticas policiales, y por los vecinos que llevan 10 años conviviendo con los menores. "No es cierto. No hemos tenido ni un solo problema, y participamos siempre con ellos en muchísimas actividades: son encantadores", explica David Martín, presidente de la asociación de vecinos del Serrallo, el barrio tarraconense donde por ahora viven los niños. Todo empezó a mediados de septiembre. "Responsables de la Generalitat me comunicaron que iban abrir un CRAE en el municipio", cuenta el alcalde, Jordi Sans (PSC). La Generalitat debe trasladar el centro Voramar, instalado en el barrio del Serrallo de Tarragona, porque el propietario les rescinde el alquiler. La entidad que lo gestiona, Intress, encontró en Els Pallaresos una casa de 1.500 metros cuadrados en venta que podían pagar. "Yo ya les dije entonces que no, que eso era problemático", señala Sans. "No es que no entienda la labor social ni que sea insolidario, es que nuestro pueblo no tiene tantas opciones de ocio como Tarragona", argumenta para explicar su postura. Alarma social y mensajes de odio Al rechazo inicial del alcalde se sumó el de muchos vecinos. En un pueblo de casi 5.000 habitantes corrió la voz. Y se generó una alarma social tremenda. Se creó un grupo de whatsapp donde algunos comentarios rayaban la incitación al odio. "Yo no me meto con los niños, solo digo que venir será un trasiego para ellos, deben quedarse en Tarragona", se excusa el alcalde socialista, que gobierna con Ciudadanos y un grupo de independientes. Quien sí estaba en ese grupo de whatsapp, en el que había más de mil personas, es Xavier Rodriguez, portavoz de la plataforma vecinal contraria al CRAE. "Este traslado es un chanchullo urbanístico para la remodelación de la fachada marítima de Tarragona", expone Rodríguez, que vincula al propietario del equipamiento de Tarragona con un caso de corrupción. "Traerlos aquí es una gran injusticia: no hay trabajo para ellos cuando sean mayores de edad", sigue. "Es un desarraigo para ellos y un problema para nosotros: aquí no tenemos ni policía local", añade este dirigente vecinal. Admite que al principio los vecinos se opusieron al CRAE por "desconocimento". Pero, dice, ahora lo hacen "para desmontar el sistema": están en contra de estos centros y de la retirada de tutelas por parte de la Administración. Las garras de VOX Esta plataforma ha organizado tres manifestaciones en el pueblo que han amedrentado a la propietaria que quería vender la casa. El 27 de octubre, los vecinos paralizaron un pleno municipal en el que los Mossos tuvieron que intervenir. Recogieron más de 1.500 firmas en contra del proyecto, significándose varios comercios del pueblo. Rodríguez sostiene que la organización es 'apolítica', aunque asume que VOX en Tarragona les ha dado su apoyo. "Les pedimos que no se implicaran", explica. Pero el ayuntamiento también ha actuado. Primero, organizando una votación para recoger la opinión de los vecinos sobre el proyecto. Ganó el 'no' con un 15% de participación. Y luego suspendiendo durante un año todas las licencias de obras. "Necesitábamos un nuevo reglamento urbanístico y hasta que no lo tengamos debemos paralizarlo", argumenta Sans. La medida se tomó el 30 de noviembre. "No tiene nada que ver con el CRAE, es pura coincidencia", asegura el alcalde. Lo cierto es que con esta acción la Generalitat deberá esperar ahora un año si quiere que se tramite la licencia para este centro u otros servicios en el pueblo. Un apartheid social En Els Pallaresos hay otros grupos de vecinos que sí quieren acoger a los niños. "Esto es un apartheid social. Es incomprensible y alucinante que el ayuntamiento se plantee no aplicar los derechos humanos. Estos niños son los más vulnerables de nuestra sociedad", lamenta Carles Vilaller. Este vecino, militante de Catalunya En Comú, forma parte de una plataforma, aún incipiente, para tratar de vencer el discurso del odio imperante. A ella se han unido varias entidades deportivas y de la cultura popular así como ERC, Junts y el Partido Pirata. "Estamos intentando montar una charla con trabajadores, niños de un CRAE y expertos, para que la gente sepa antes de hablar... Pero vista la decisión del alcalde, estamos estudiando si esta suspensión de licencias es ilegal", añade. "Estos niños tienen derecho a vivir en algún lugar, y los vecinos de Els Pallaresos no son nadie para decidir si pueden o no estar aquí", zanja Vilaller. Aunque pase lo que pase, se teme lo peor. "Si terminan viniendo, tendremos un problema: estarán señalados por todo el pueblo... irán a por ellos".

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El Ayuntamiento de Els Pallaresos suspende la concesión de licencias de obras durante un año, cosa que impide que el CRAE pueda instalarse

Frente a los vecinos que rechazan a estos menores, otros denuncian que "esto es un apartheid social"

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