Tanto desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) como desde el Sindicat de Llogateres tienen muy claro el mapa de la crisis habitacional en Barcelona y en España. Pese a que, como sus nombres indican, los primeros nacieron para arropar y hacer justicia con las víctimas que la crisis hipotecaria desencadenada en el 2008 se llevó por delante y los segundos para evitar que la burbuja del alquiler vaciara sus ciudades, las dos plataformas, que trabajan de forma coordinada en mil historias junto al resto del movimiento por la vivienda tanto catalán como español, tienen claro por qué tantas familias tienen en la ocupación la única forma de acceso a la vivienda posible (según un informe de la Unidad Antidesahucios del Ayuntamiento de Barcelona, el 40% de los 443 procesos de desahucio en los que actuaron entre septiembre y octubre eran familias vulnerables ocupando). "En cualquier otro país de la Unión Europea estas familias estarían viviendo en un piso público. Las familias ocupan porque se ven obligadas, si tuvieran alternativas no lo harían. Criminalizar la ocupación es criminalizar a los más vulnerables; a las personas a las que el sistema tendría que proteger y, no solo no se las protege, sino que se las señala y culpabiliza", sentencia Santi Mas de Xaxàs, uno de los portavoces de la PAH Barcelona.