En apenas cuatro días, 23 municipios catalanes deberían tener implementada una zona de bajas emisiones (ZBE), de manera que los coches más contaminantes, los que no disponen de etiqueta ambiental de la DGT, no puedan entrar en los cascos urbanos. Eso es, al menos, lo que reclama la ley de Cambio Climático y Transición Ecológica y concreta el decreto aprobado este martes en el Consejo de Ministros, pero lo cierto es que el 1 de enero de 2023, tan solo cuatro de estas ciudades tendrán en marcha el paraguas ambiental. Son Sant Cugat y las urbes que desde 2020 forman parte de la ZBE del entorno de Barcelona, donde se incluye, además de la capital catalana, L'Hospitalet y Cornellà (y también Esplugues y Sant Adrià de Besòs, pero estas quedan fuera del ámbito de la ley al tener menos de 50.000 habitantes). Las otras 19 de la lista de 23 están en ello, con ritmos muy dispares de ejecución y sin que ninguna lo tenga todo a punto para el domingo. Vaya por delante un 'spoiler': uno de los consistorios consultados ni sabía de la existencia del decreto.