La "ley del silencio" y la falta de recursos lastran la lucha por hacer del 'bullying' un asunto de Estado

“El 'bullying' tiene que ser una prioridad de las administraciones públicas”. Son palabras del secretario de Estado de Educación, José Manuel Bar, que pide actuar con el acoso escolar de la misma manera que se hizo, hace años, con la violencia machista: sacarla del ámbito privado y convertirla en un asunto de Estado. Ese es, al menos, el objetivo del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Otra cosa es la realidad. No hay una partida económica específica. No hay estadísticas oficiales sobre el acoso entre alumnos. La figura del coordinador de bienestar en los centros educativos no acaba de cuajar bien. Muchas direcciones escolares siguen escondiendo debajo de las alfombras los casos porque no saben detectarlo o porque no quieren perder prestigio. Y eso a pesar de que la violencia entre estudiantes es el principal problema para combatir otra lacra educativa en España: el fracaso escolar. Bar insiste: “El bullying no se combate con una conferencia cada tres meses. Necesitamos un cambio cultural cada día. Necesitamos que se imponga la cultura de la convivencia en paz”. “El bullying no se combate con una conferencia cada tres meses. Necesitamos un cambio cultural. Necesitamos que se imponga la convivencia en paz” José Manuel Bar, secretario de Estado de Educación Un ejemplo de la dejadez administrativa respecto al 'bullying' es que el Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar (formado por 40 miembros de todos los ámbitos, incluidos varios ministerios) comenzó su andadura en 2007, pero ha estado todos estos años bastante aparcado, más allá del plan de trabajo que aprobó en diciembre de 2021. Hace unas semanas, en este intento ministerial por convertir al acoso escolar en un asunto de Estado, sus componentes se volvieron a reunir para realizar una radiografía de la situación. El organismo ha publicado guías (sobre todo, enfocadas a los docentes) para poder prevenir casos de acoso, saber detectarlos (algo nada fácil porque se sigue imponiendo la ley del silencio en las aulas) y saber intervenir para atajarlos. Igualmente hay recomendaciones para la reparación de las víctimas. Esa es, al menos, la teoría. En la práctica, las víctimas se sienten poco menos que obligadas a cambiar de centro para huir del infierno. En los casos más extremos, el acoso puede acabar en suicidio. Por más buenas y ambiciosas que sean, las guías no dejan de incluir meras orientaciones. Al estar transferidas las competencias en Educación, cada comunidad autónoma tiene que tomar sus propias medidas. “Si fuéramos demasiado específicos estaría invadiendo competencias”, explica el secretario de Estado. El silencio Bar admite que el silencio lo empeora todo. El silencio tanto de las víctimas que no denuncian su calvario como el de las direcciones escolares que tapan los casos para no perder prestigio. “Es esencial que los colegios y los institutos aborden con energía este problema. Lo que no se visualiza no se puede atacar. Muchas veces, el problema es que se detecta tarde”, concluye. El primer problema para erradicar la violencia en las aulas es la falta de estadísticas oficiales. Hay muchos estudios sobre el acoso en las aulas, pero todos son de organizaciones no gubernamentales, como la Fundación Anar o Save the Children. Los datos son demoledores. Uno de cada cuatro alumnos y alumnas (24,4%) percibe que existe el acoso escolar en su clase. Los chavales encuestados están convencidos de que ni los docentes ni las direcciones escolares hacen mucho para frenar el acoso. El 45,4% considera que su profesor no hace nada y seis de cada diez (61,7%) añaden que la dirección del centro también se queda de brazos cruzados. Igualmente, la mitad de los alumnos y alumnos admite que sus compañeros tampoco mueven un dedo por zanjar el acoso. "Comisarios políticos" Los datos preocupan, y mucho, en el Ministerio de Educación. Pero el objetivo es tener estadísticas oficiales, hacer una radiografía institucional del problema. Para ello, el departamento de Pilar Alegría ha encargado un estudio sobre “indicadores de convivencia” a la profesora universitaria María José Díaz Aguado. El informe se publicará a lo largo de 2023 y, a partir de ahí, se encargarán otras radiografías estadísticas. El secretario de Estado no se muestra muy preocupado por la desigual implantación que está teniendo la figura del coordinador de bienestar, un profesor que a veces tiene que sacar tiempo de donde no lo tiene para vigilar los posibles casos de 'bullying'. Es un puesto importante -como, en su día, lo fue el gestor de casos de covid- que viene impuesto por ley, tanto por la de educación como por la de protección a la infancia. Sin embargo, algunas autonomías boicotean la figura. Por ejemplo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), los llamó “comisarios políticos”. La realidad es Educación es un ministerio de recursos económicos limitados y no se puede permitir, por ejemplo, ambiciosas campañas de publicidad que remuevan, de verdad, conciencias y contribuyan a cambiar la cultura de la violencia escolar. Además, cada territorio tiene autonomía para decidir dónde invierte los recursos públicos que reparte el ministerio.

La "ley del silencio" y la falta de recursos lastran la lucha por hacer del 'bullying' un asunto de Estado

El Ministerio de Educación quiere que el acoso escolar se convierta en una prioridad de las administraciones, aunque la falta de partidas económicas específicas y de estadísticas oficiales complican la tarea

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