La batalla por salvar el planeta también se libra en los tribunales

La batalla por salvar el planeta se libra en varios frentes y de forma simultánea, pero no todas esas iniciativas reciben la atención mediática que merecen. En la cumbre del clima de Egipto, la ofensiva es fundamentalmente diplomática y económica, pues los países en desarrollo reclaman a los ricos que sufraguen al menos una parte de los daños económicos que les causan sequías e inundaciones exacerbadas por el calentamiento global, del que el mundo desarrollado es más responsable. Luego está el frente político, donde cada formación, en base a su ideología, impulsa las soluciones que cree prioritarias para frenar el calentamiento global. También hay un flanco activista, muy polémico últimamente por los ataques a obras de arte, y otro ideológico, en el que compiten 'think tanks' y pensadores de todo tipo. Uno de los frentes menos conocidos, y acaso más cruciales, es el judicial. Desde hace más de una década organizaciones de la sociedad civil recurren a los tribunales como estrategia para forzar decisiones judiciales en el marco de la crisis climática. El objetivo es doble: primero, que los tribunales reconozcan la existencia del calentamiento global y sus nefastas consecuencias y, por otro, que los jueces obliguen a gobiernos y corporaciones a adoptar medidas para mitigar estos efectos, el principal de ellos la implementación de medidas para reducir las emisiones. El caso holandés La efectividad de los llamados litigios climáticos o juicios por el clima como “arma climática” quedó patente en diciembre de 2019, cuando la abogada holandesa Marjan Minnesma, fundadora de la oenegé Urgenda, logró —tras una batalla judicial de seis años contra el Estado holandés— que la Corte Suprema del país fallara a su favor y dictaminara que Holanda tenía la obligación legal de proteger a sus ciudadanos de los efectos del calentamiento global. En consecuencia, dictaminó que el Gobierno implementara de forma inmediata una reducción de al menos el 25% de las emisiones respecto a 1990. No era un fallo aleatorio: ese era el compromiso que Holanda había adquirido en el marco del Acuerdo de París, pero que según Urgenda estaba incumpliendo. Al año siguiente, Holanda redujo un 25.5% las emisiones. La victoria legal de Minnesma supuso un hito y le valió a la abogada el Premio Goldman 2022, uno de los más importantes en el área del medioambiente. “Es una gran satisfacción, pero no nos detenemos”, explica en una entrevista con EL PERIÓDICO la propia Minnesma. Preguntada por qué decidió optar por los tribunales, la abogada explica que “primero intentó el diálogo con el Gobierno, pero no nos hicieron caso”. “Fui a la primera COP y he seguido todas las cumbres por el planeta posteriores”, dice. “He podido comprobar que, aunque los países firmaron una convención por el clima, la realidad es que las emisiones aumentan cada año. Vamos en la dirección equivocada”, añade. Red de litigantes Urgenda, la organización de Minnesma, está ahora focalizada en asesorar a otros grupos internacionales de la sociedad civil para que repliquen en sus jurisdicciones la exitosa estrategia legal empleada en Holanda. “Hemos creado una red de litigantes climáticos y trabajan cuatro personas. Ayudamos a oenegés de todo el mundo en casos similares al nuestro”. La Universidad de Columbia, por medio de su Centro Sabin, lleva más de una década recopilando y catalogando las causas climáticas emprendidas a nivel global. En total, su base de datos –consultable por cualquier ciudadano en su página web- permite tener acceso a documentos de unas 2.000 causas. La mayoría (cerca del 75%) son de Estados Unidos, pero también hay causas de medio centenar de jurisdicciones, desde España a Irlanda o Corea del Sur. Con esta iniciativa, explica a EL PERIÓDICO la brasileña Maria Antonia Tigre, investigadora del Centro Sabin, la universidad pretende analizar la efectividad de esta estrategia de lucha por el clima y, al mismo tiempo, proporcionar a la sociedad civil fundamentos y bases legales para eventualmente inspirar otras querellas. “Llevamos monitoreando los litigios climáticos durante mucho tiempo y hemos visto realmente un aumento en el número de causas y, también, en las jurisdicciones en las que se presentan”, explica Tigre. Cada mes, el Centro Sabin compila los principales casos que han sido incorporados a su base de datos, alimentada por nada menos que 70 'rapporteurs' que, de forma voluntaria, contribuyen a actualizar el estado de los casos desde sus países. El último boletín, que cubre septiembre y octubre, informa de que en Alemania el tribunal regional de Stuttgart desestimó el 13 septiembre la querella presentada un año antes por la organización ecologista Deutsche Umwelthilfe contra Mercedes-Benz porque la empresa, según la oenegé, no había anunciado todavía un plan para cesar la producción coches de combustión para 2030 (los ecologistas anunciaron que recurrirán). Otro caso se dio en Rusia, donde varios grupos medioambientales se querellaron el 11 de septiembre contra el Gobierno de Vladimir Putin en la Corte Suprema para exigirle que el país reduzca sus emisiones y, de esta forma, proteja la salud de los ciudadanos. España también tiene presencia por la denuncia presentada por Ecologistas en Acción y ClientEarth ante la Comisión Europea el 6 de octubre. En ella, las organizaciones acusan al Estado español de incumplir la directiva europea de nitratos y permitir la “saturación de químicos” del mar Menor, que según los denunciantes está “al borde del colapso ecológico” por la agroindustria, el turismo masivo y la pesca. En consecuencia, solicitan a la Comisión Europea que, en base a los acuerdos europeos firmados por España, exija al Estado español que proteja el mar Menor y su fauna y flora. Ahora serán los tribunales los que dicten sentencia.

La batalla por salvar el planeta también se libra en los tribunales

Cada vez más oenegés y miembros de la sociedad civil presentan causas contra empresas y gobiernos por incumplir los compromisos climáticos.

¿Dónde están los votantes climáticos?

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