Las familias ven en la incorporación de 3.500 profes una oportunidad perdida para la inclusiva

La federación de asociaciones de familias de Catalunya aFFac ha lamentado que los 170 millones de euros que el Govern invertirá en la contratación de 3.500 docentes en enero en cumplimiento del pacto con los sindicatos para poner fin a las huelgas, aunque significa un avance en los derechos laborales de los docentes, "no tiene un impacto directo en la atención del alumnado ni en la mejora de la calidad educativa; ni sirve para desplegar de una vez por todas el decreto de Educación Inclusiva". Así lo denunciado a EL PERIÓDICO Lidón Gasull, directora de la aFFAc, y así se lo han trasladado esta semana las familias al Departament d'Educació. "La contratación de los más de 3.500 profesores para sustituir las horas de clase que dejará de hacer la plantilla actual no tiene en cuenta la necesidad de incorporar profesionales especializados para atender al alumnado con necesidades educativas específicas, así como introducir la figura de la codocencia en las aulas. De haber pensado la medida en este sentido, el impacto educativo de la inversión sería muchísimo mayor, a la vez que mejorarían las condiciones laborales de los docentes", señala Gasull. Aclara que no se refiere a la contratación de monitores, sino a profesorado de educación especial, psicólogos, logopedas o psicopedagogos. Gasull insiste en que el impacto de una apuesta decidida por la escuela inclusiva -que podría hacerse con esos 170 millones en contrataciones- lo notaría toda la comunidad educativa. "Todo el grupo clase se ve resentido por la actual falta de profesionales especializados, y revertir esa situación también mejoraría las condiciones en las que trabajan los docentes, que tendrían el apoyo necesario en el aula para atender también al resto de alumnos", resume la directora de la aFFac, federación que hace pocas semanas lanzó una campaña reivindicando de una vez por todos recursos para la inclusiva. La función de los más de 3.500 profesores que se incorporarán al sistema educativo en enero -muchos de ellos en forma de la ampliación a jornadas completas de actuales medias jornadas- es permitir la reducción de una hora lectiva a los docentes. Los de primaria volverán a hacer 23 horas de clase y los de ESO, 18, una de las grandes demandas de los sindicatos de maestros, cuya aceptación por parte del Departament de Educació el pasado 31 de agosto logró arrancar un acuerdo casi en tiempo de descuento para evitar las huelgas convocadas para este primer trimestre del curso, después de un convulso curso 2021-2022. Cuestión de prioridades "El Departament ha priorizado satisfacer una reivindicación laboral a mejorar la atención de los niños. La contratación de enero supondrá una victoria sindical, que, insisto, está muy bien, pero es una mejora en las condiciones laborales de los docentes que no tiene un impacto directo en la educación. Se priorizan las demandas sindicales a las demandas de los niños más vulnerables", prosigue Gasull, quien subraya la idea de que mejorar las condiciones de atención en el centro educativo también tiene un impacto positivo en las condiciones laborales del profesorado. "Si la pactada reducción de horas lectivas tiene un impacto, que seguro que lo tiene, porque los profesores tendrán más tiempo para la coordinación, también lo tendría aumentar la atención especializada de calidad", concluyen desde la aFFac, apuntando también que estos 3.500 profesores "no tendrán ningún impacto en la reducción en la ratio". Las direcciones de las escuelas catalanas han sido muy críticas con la aplicación de la medida en enero, ya que supone rehacer los horarios de la plantilla a mitad de curso, además de muchas horas de trabajo y un impacto en los niños más vulnerables, a los que más les cuesta gestionar los cambios. Los sindicatos, por su parte, defienden que la reducción de esta hora lectiva supone una inyección de 170 millones de euros "estructurales" en la educación. "Es un incremento de plantilla que gana la educación pública y que no podíamos rechazar", subrayan.

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La aFFac considera que los 170 millones de euros que se invertirán hubieran tenido mayor impacto si se hubieran destinado a contratar a especialista en atender la diversidad

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