Frustración policial ante las ocupaciones delincuenciales

Las ocupaciones delincuenciales pueden tener los días contados en España. En pocas semanas, el Congreso debatirá una modificación legislativa que, en caso de aprobarse, posibilitará que las viviendas ocupadas por delincuentes se puedan desalojar en un plazo máximo de 48 horas. Un cambio que anhelan muchos ayuntamientos y ciudadanos de municipios como Sabadell, Mataró, Terrassa o Granollers, afectados por esta problemática, pero también los cuerpos policiales, atados de pies y manos por el marco jurídico actual. "En los Mossos hay una impotencia total en este tema", admite un agente de la policía autonómica catalana con experiencia en desalojos. Una impotencia que no se refiere a las ocupaciones por parte de familias vulnerables, sino a las de las mafias que mercadean con inmuebles ajenos o los convierten en narcopisos o en base de sus actividades delictivas y que, además, provocan numerosos problemas de convivencia y seguridad a los vecinos. Según datos del Ministerio del Interior, Catalunya concentra el 42% de las denuncias por ocupación ilegal de pisos de España, cuadriplicando los casos de la Comunidad de Madrid y casi triplicando los de Andalucía, que le siguen en el ránking. Además, el fenómeno no deja de crecer. Si en 2015, Catalunya acumulaba 3.950 denuncias, seis años después la cifra ascendía hasta las 5.689. Un 74% de ellas en Barcelona. "Es el delito que tiene menos sentido común”, reflexiona Toni Castejón, portavoz de Sindicat de Mossos, el sindicato mayoritario en la policía autonómica. "La policía está para poner orden, y aquí no hay orden. Si roban una cartera o un coche, detenemos a la persona y se lo devolvemos al propietario, pero si entran en una casa, que tiene un valor mucho mayor, todo juega a favor de los ocupas y no del inquilino. Y cuando ves injusticias como esta y no puedes hacer nada, te afecta", explica. "Lo que pasa con la ocupación no pasa con ningún otro delito. Es el único caso en que encontramos justificación (la necesidad de vivienda) a un delito", abunda el subjefe de la Policía Local de Mataró, Xavier Santajuliana, que reclama a los partidos adoptar mecanismos legales que permitan a los cuerpos policiales solucionar el problema. Este escenario, en el que los problemas de convivencia con los vecinos se alargan y la recuperación del inmueble por parte del propietario forma parte de un proceso judicial de duración incierta, da pie a que se produzcan casos como el del Ayuntamiento de Premià de Dalt, que ha contratado a la empresa Desokupa como asesora en casos de ocupaciones delincuenciales. Y no es el único. Desokupa tiene entre su cartera de clientes a otros 14 ayuntamientos en toda España. De estos, dos, además del de Premià de Dalt, están en Catalunya. O que en los diversos cuerpos policiales, haya agentes que aconsejen a afectados "con prisa" a que contacten con empresas como esa. En los últimos años, las empresas de desalojo de ocupas como Desokupa han proliferado en España y están en el centro de la polémica porque trabajan con ciertos perfiles profesionales que a menudo recurren a la intimidación para conseguir su objetivo, lo que les ha acarreado denuncias por coacciones. Consejo policial Diferentes ciudadanos afectados por ocupaciones delincuenciales han reconocido a EL PERIÓDICO que agentes de los Mossos les han aconsejado dirigirse a empresas como Desokupa. Castejón no tiene problema alguno en admitirlo. "Sí, es cierto que se lo hemos recomendado a mucha gente. Quizás no se lo dices directamente, pero les explicas la realidad para que sean conscientes de que la usurpación de su vivienda puede ir para largo, un año o dos, además de las costas judiciales y de los daños que provoquen en el inmueble. Les aconsejamos negociar con los ocupas, pero si no quieren hacerlo, entonces se les explica que hay empresas que se dedican a desalojar. Y que nosotros no podemos hacerlo, porque la ley no nos lo permite, mientras que estas empresas sí pueden porque no son policías", explica abiertamente. Se trata, obviamente, de consejos que esos agentes dan a título individual. En ningún caso una postura oficial ni de Mossos ni de ningún otro cuerpo policial. Por su parte, las empresas de desocupación tienen claro que muchos clientes les llegan gracias a la policía. "Nos dicen que la policía les ha aconsejado que acudan a nosotros porque ellos se encuentran muy limitados", cuenta Jorge Fe, gerente de Fuera Okupas, empresa creada en 2017 que cuenta con sedes en diferentes ciudades españolas. "En Catalunya se lo aconsejan los Mossos d’Esquadra y en el resto de España nos los derivan tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional", añade. Le da la razón Daniel Esteve, al frente de Desokupa. "Yo tengo reuniones en Madrid con comisarios para preparar desocupaciones o en Barcelona con 'mossos'. Y lo puedo probar. Reconocen nuestra experiencia", explica a EL PERIÓDICO. "Y me llegan clientes particulares que vienen aconsejados por la policía", añade. Reconoce Esteve que la existencia de empresas como la suya es un "fracaso del sistema", que no dota a las fuerzas de seguridad de los instrumentos legales necesarios. "Empresas como la mía no tendrían que existir", dice. El truco del bombín Agentes de los Mossos consultados admiten que en ocasiones también recomiendan una práctica tan efectiva como ilegal. Se trata de esperar a que los ocupas salgan del domicilio para presentarse con un cerrajero en la vivienda, extraer el bombín que los ocupas han colocado y poner uno nuevo. Después sacan a la calle las pertinencias de los ocupas. Cuando estos regresan se genera un conflicto, pero cuando aparece la policía quien tiene las de ganar es el propietario, porque tiene la escritura de propiedad y la llave del piso, mientras que la de los ocupas ya no se corresponde con el bombín. El problema de esta práctica es que, con la ley en la mano, implica incurrir en un delito de coacción y de allanamiento de morada. Cambio de escenario En Barcelona, fuentes de la Guardia Urbana coinciden con los Mossos en señalar que la multirreincidencia y las ocupaciones delincuenciales son las problemáticas que generan mayor impotencia entre los agentes, debido a que la ley, señalan, no es resolutiva. Sin embargo, con pocos meses de diferencia, puede darse un cambio de escenario. En el caso de la multirreincidencia, en septiembre entró en vigor la reforma del Código Penal que castiga con penas de prisión de entre seis y dieciocho meses, en lugar de la multa actual, a aquellos que acumulen tres condenas, aunque sean leves. Este cambio legislativo puede suponer un gran paso contra la multirreincidencia en los casos de hurto y cambiar la sensación de inseguridad entre la ciudadanía. Algo similar puede pasar con las ocupaciones delincuenciales si el Congreso aprueba la enmienda introducida por el PSOE para reformar diversos puntos de la ley de enjuiciamiento criminal, entre ellos el 544, donde se añade un párrafo para que los jueces puedan acordar un desalojo en un máximo de 48 horas de viviendas ocupadas por delincuentes.

Frustración policial ante las ocupaciones delincuenciales

Toni Castejón, de Sindicat de Mossos, admite que hay agentes que recomiendan a los propietarios recurrir a empresas como Desokupa

La impotencia ante el actual marco legal y la lentitud de la justicia llevan a la policía a pedir nuevos instrumentos legislativos

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