El #MeToo prende en la universidad: "El silencio se ha acabado"

Hoy hace justo cinco años, la actriz Alyssa Milano escribió en Twitter apenas cinco letras -#MeToo- que sirvieron para levantar la tapa de las violencias machistas y sexuales. De las redes fue brotando un hilo de testimonios que pronto se convirtió en un géiser. Y una de sus réplicas alcanzó la universidad española. Nueve meses después de que más de 25 profesoras e investigadoras denunciaran en este diario el acoso sufrido, el silencio imperante y la impunidad de los acosadores, el corrimiento de tierras empieza a dar resultados. A grandes brochazos: los casos que llegan a las Unidades de Igualdad de las universidades han ido aumentando -hecho que, lejos de ser negativo, denota menos miedo y más garantías a la hora de denunciar un fenómeno largamente silenciado-; el Gobierno catalán presentará antes de final de año un nuevo protocolo-guía que se propone acompañar mejor a las denunciantes, y la nueva ley española universitaria, en trámite parlamentario, obligará a que las universidades tengan tanto planes integrales de igualdad de género como unidades de igualdad y diversidad "con recursos suficientes", señalan desde el Ministerio de Universidades. La cara b es que todavía hay demasiadas mujeres lidiando con conflictos abiertos, algunos judicializados, y que, en contra de las reclamaciones de las afectadas, sigue sin haber estudios y cifras globales -la primera y última investigación sobre violencias machistas en la universidad se remonta a 2008- que pongan las coordenadas a este asunto y arrojen luz también sobre los pasos a seguir. Ambivalencias Las palancas accionadas desde aquel 'yo acuso' se leen con ambivalencias desde el flanco de las víctimas. La profesora de la Universitat de Barcelona Magda Polo -que denunció en 2019 a su entonces superior por aislamiento y luz de gas- cuestiona que "se estén tomando medidas sin contar con un estudio exhaustivo sobre el carácter y el alcance del acoso en la universidad más allá de las denuncias interpuestas", cuando estas apenas representan el 10% de los casos entre las profesoras, según las investigaciones. En su caso (que la universidad declina valorar porque nunca, dicen, comentan casos concretos, más allá de que el expediente se cursó con el anterior equipo rectoral), interponer la denuncia -y que la investigación interna reconociera hechos, aunque no el 'componente de género'- no ha acabado con "el menosprecio" y desinformación que dice sufrir por parte de sus compañeros. Otra de las investigadoras que en enero participó en el reportaje y que aún mantiene un proceso judicial abierto, afirma que, desde el MeToo de enero, el acoso de sus compañeros, lejos de atenuarse, se ha redoblado, aunque en este caso no cuenten con la connivencia del entorno. Abrir un procedimiento y generar una situación de justicia cada vez tiene más apoyos, pero sigue siendo un reto complejo y problemático -desde la definición de qué es acoso hasta las pruebas que se aportan- de abordar dentro y fuera de la universidad. Sin embargo, desde la Red Solidaria de Víctimas de Violencia de Género en la Universidad, espacio que ha accionado el movimiento MeToo Universitario, entienden que lo más urgente ya ha empezado a ocurrir. "Hemos acabado con el silencio", afirman las investigadoras Ana Vidu y Mar Joanpere. El colectivo, con el que han contactado más de 70 docentes, investigadoras y alumnas explicando casos de acoso sexista, emprendió a principios de curso una ruta por 15 universidades españolas durante la cual se han abordado las violencias machistas desde la "normalidad" y no "desde el encubrimiento" habitual hasta ahora. "Habrá una ola de casos" "Va a haber una ola de casos, lo que significa que las universidades lo hacen cada vez mejor, y las víctimas empiezan a confiar en la institución para explicar sus experiencias", afirma Vidu. Según la investigadora, que ejerce en Berkeley años después de haber llevado a fiscalía a un profesor que a punto estuvo de truncar su carrera, estamos asistiendo al mismo giro de guion que ocurrió "en EEUU cuando entendieron que la universidad con mejor reputación es la que mejor protege a sus víctimas y no a sus acosadores". "Hasta hace bien poco, mientras en universidades extranjeras se optaba por reconocer el problema y sacar los casos a la luz, en nuestro país se hacía lo contrario: predominaba el pretender mantener la imagen con el 'esto aquí no pasa'". Sería una temeridad dar por sentado que la universidad -una institución con tics feudales y altamente competitiva y jerarquizada- está dejando atrás este aciago historial. Pero sí es cierto que el impacto del #MeToo y su cambio de mirada se están dejando notar. La Universitat de Barcelona, por ejemplo, cambió su protocolo el pasado mayo y ha dotado a la unidad con más recursos para proporcionar mayor celeridad a los casos, brindar acompañamiento psicológico y jurídico más allá de si se interpone o no denuncia, y poner diques a la revictimización. "Nuestra política es tolerancia cero con el acoso -afirma la vicerrectora de Igualdad, Montserrat Puig- y desde el cambio de protocolo y los mayores esfuerzos en difusión estamos desbordadas". Cuenta Puig que ahora hay semanas en las que se llegan a atender hasta cinco casos, algo hasta ahora inaudito. Las cifras le dan la razón: este año, el protocolo se ha activado en 18 ocasiones (12 desde mayo), cuando en 2020 apenas lo hizo en 10. Miedo a represalias Cabe decir que prácticamente todas las universidades tienen interpuestas denuncias internas. Sin embargo, la confusión se abre paso al intentar cartografiar un fenómeno que, según los testimonios recogidos por este diario, incluye desde tocamientos a mayordomeo, negación de recursos, 'apaños' en los tribunales, difamación, luz de gas, amenazas y hasta agresiones físicas. Por una parte, la línea entre acoso laboral 'a secas' y por razones de sexo o género es a veces fina. Y luego está el hecho de que la ausencia de una normativa única en cuanto a criterios de recopilación de los datos impide hacer una fotografía conjunta y discernir en muchos centros cuántas denuncias o quejas proceden del profesorado, del alumnado o del personal de administración y servicios (PAS). El grueso pertenece al colectivo de estudiantes, el más numeroso, pero es en el sector del personal docente e investigador donde las personas se juegan más y el miedo a represalias es más inmovilizador. Muchas de ellas sufren graves secuelas psicológicas. Otras abandonan. Una de las consecuencias quizá menos estudiadas es la expulsión de talento femenino que provoca el abuso de poder. Nuevo protocolo guía En este sentido, la intervención del propio entorno cuando intercede como 'cortafuegos' ante un caso de acoso es fundamental, pero también lo son los instrumentos institucionales. De ahí que el Govern haya impulsado el nuevo protocolo-guía que se presentará en diciembre. En su diseño, modulado por un grupo de trabajo de Dones i Ciència del Consell Interuniversitari, se está contando con la voz de las afectadas y parte de la experiencia de las Unidades de Igualdad. "El objetivo principal es abordar las dificultades que se han ido encontrando al aplicar los procedimientos, clarificando instrumentos y proporcionando garantías", afirma la directora general per a l'Erradicació de les Violències Masclistes, Laia Rosich, que también se propone profundizar en la colaboración entre las universidades y la red de servicios. Por su parte, el Ministerio de Universidades también ha determinado que una de las prioridades de 2023 será monitorizar los protocolos de acoso de las 53 universidades adscritas a la Red de Unidades de Igualdad de Género para la Excelencia Universitaria con el objetivo de esclarecer su naturaleza y efectividad. "La tirita ya se está poniendo y se está actuando en los casos concretos -afirma Dolo Pulido, de la Assemblea Feminista de la UB-, pero ahora faltaría una auténtica política de prevención que fuera desde la formación hasta el desarrollo de los planes de igualdad".

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