La fiscalía urge la aprobación de una ley de trata para proteger mejor a las víctimas

La Fiscalía General del Estado urge la aprobación de la ley integral contra la trata de personas, cuya tramitación se encuentra encallada en el Gobierno de coalición, para una mejor protección de las víctimas de las organizaciones criminales que se dedican a la explotación sexual o laboral de migrantes que viajan a España engañadas con la promesa de un trabajo prometedor o desconociendo las condiciones de esclavitud a las que serán sometidas. De entre las afectadas, el 98,55% son mujeres, muchas procedentes de Asia, y siete de cada 10 (67,27% de los casos) son explotadas con fines sexuales. Fuentes de la fiscalía de extranjería de Barcelona explican a EL PERIÓDICO que la “dispersión” de la normativa, que abarca desde leyes estatales hasta directrices de la Unión Europea, no favorece la asistencia a las personas que caen en estas redes de delincuentes. En la última memoria de la Fiscalía General del Estado, la que corresponde a 2021, se expone la necesidad de aprobar esta ley integral contra la trata de seres humanos. A su entender, esta normativa “se aprecia imprescindible” para poner “en el centro a las personas" y consolidar "el enfoque de asistencia y protección" de las víctimas, abordando "de forma integral, completa y transversal el fenómeno de la trata en todas sus formas". Sin embargo, precisa que esa ley debe sostenerse en los diferentes pilares de la lucha contra este tipo de delincuencia: “prevención, persecución penal coherente, protección de las víctimas y cooperación internacional”. Este último aspecto es de suma importancia para llevar a buen puerto las investigaciones policiales y judiciales, ya que las tramas se extienden habitualmente a los países de origen de las personas explotadas. La ley integral está en estos momentos paralizada porque el Ministerio de Igualdad pretende hacer una norma específica de trata solo con fines de explotación sexual, mientras que el Ministerio de Justicia, en cambio, opta por una que aborde el conjunto de esta actividad delictiva, para lo cual ha encargado a la Comisión de Codificación una propuesta. Al mismo tiempo, el PSOE ha presentado una ley en el Congreso destinada a abolir la prostitución, con medidas para mejorar la persecución de los proxenetas y con multas a los consumidores para desincentivar la demanda. Esta ley no convence a Podemos y a los socios minoritarios del Gobierno porque creen que puede incrementar la vulnerabilidad de las prostitutas. Uno de los proyectos que están sobre la mesa incluye castigar con penas de prisión que van de uno a cuatro años a los clientes que paguen por mantener relaciones sexuales con víctimas obligadas por terceros a prostituirse, según elDiario.es. Inversión para disminuir el dolor La fiscalía defiende que su acción debe partir de la premisa de que lo más importante en las investigaciones y procedimientos judiciales que se siguen en relación a la trata de seres humanos es la protección de la víctima y la reposición de los derechos de los que se ha visto privada, evitando cualquier actuación que suponga un "riesgo cierto" para su vida. Los compromisos asumidos por España, según la memoria de esta institución, obligan a adoptar medidas que garanticen asistencia y protección integral a las víctimas, no solo desde el derecho penal, sino que también es necesario hacer llegar a las administraciones, organizaciones empresariales, sindicatos y al resto de la sociedad que el coste de las medidas preventiva y formativas no constituyen un gasto, "sino que se trata de una inversión cuya rentabilidad se encontrará en la disminución del dolor personal" de las personas explotadas. De ahí, al entender de esta institución, la necesidad de contar con una ley que regule la lucha contra estas bandas. "En la actualidad cogemos preceptos de diferentes leyes, pero es imprescindible que haya una unidad normativa para lograr una mejor protección de las víctimas", explica a este diario una fiscala experta en esa materia. La normativa, según esta jurista, debe contemplar "todo el catálogo de derechos de la víctima". No ser expulsada Un dato: el 99% de las mujeres (hay pocos hombres) que caen en las redes de estas organizaciones están en situación irregular en España. En este sentido y a través de la ley de extranjería, el Estado ofrece la posibilidad de regularizar la residencia de las víctimas no solo si colaboran para desarticular la trama, sino también por circunstancias personales. La ley fija un plazo de 90 días de "restablecimiento y reflexión" que supone la paralización de su expulsión del país. Una vez concluido este periodo, se facilita a la perjudicada, a su elección, el retorno a su país de procedencia o la autorización de residencia. "Es una forma de favorecer la denuncia y no castigar a una víctima que ya ha sufrido", destacan fuentes de la fiscalía, que apuntan a que a esas personas han de ostentar el estatuto de protegidas. La mayoría de los explotados piden quedarse en España. Otra petición de la fiscalía: penalizar toda forma de proxenetismo, así como la regularización "adecuada" de los delitos de explotación laboral, servidumbre y trabajos forzosos, como ocurre en Francia, Italia o Alemania.

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