Pocas denuncias: la comisión sobre abusos en la Iglesia da sus primeros pasos sin convencer a las víctimas

Los 20 miembros que componen la comisión sobre los abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia católica se reunieron el pasado martes en Madrid. Liderados por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, debían analizar y valorar los testimonios que les habían llegado en sus dos primeros meses de trabajo, material con el que elaborarán un informe que intentará plasmar la dimensión del problema y también propondrá medidas para que no se vuelva a ocurrir. Los integrantes tenían ante sí 201 denuncias (de 167 hombres y 34 mujeres) y Gabilondo se declaró “satisfecho con el ritmo de llegada de los testimonios”. Se trata de una cantidad considerable, pero al mismo tiempo muy inferior al número de testimonios que otros organismos similares en Francia y Portugal recopilaron en sus trabajos, algo que para las víctimas críticas con esta comisión viene a mostrar su escasa capacidad para enfrentarse a la pederastia en el clero como han hecho otros países. En Portugal, un país mucho más pequeño que España (10,3 millones de habitantes frente a 47,3 millones), la comisión recibió 214 testimonios solo en el primer mes, aunque después el ritmo decreció y cuando cumplió su cuarto mes de trabajo había recopilado 326. En Francia, mientras tanto, entre junio de 2019 y octubre de 2020 llegaron 6.471 casos al organismo encargado de investigar los abusos sexuales. “Lo que realmente nos importa, más que el número, es escuchar a las víctimas y hacerlo con respeto, con seriedad, con discreción y con confidencialidad”, dijo Gabilondo el martes, cuando dio a conocer la cantidad de denuncias reunidas hasta el momento por la comisión, que nació de un mandato de los Congreso de los Diputados el pasado marzo (con el apoyo de todos los partidos salvo Vox) y que desde entonces se ha enfrentado a importantes dificultades: retrasos a la hora de constituirse, desconfianza de una parte de las víctimas y negativa de la Iglesia católica a participar en sus trabajos, al considerar los obispos que están siendo utilizados como “chivos expiatorios” dentro de una lacra, la pederastia, que está más extendida en ámbitos como el familiar. La Conferencia Episcopal Española (CEE) encargó en febrero su propia investigación, que discurre en paralelo a la del Defensor del Pueblo. Dirigida por el despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo, suscita aún más recelo entre las víctimas. Sus últimos datos reflejan que solo ha recibido un centenar de denuncias. “No es una carrera cuantitativa” Los colaboradores de Gabilondo también restan importancia al volumen de testimonios recogidos. Subrayan que todavía queda mucho trabajo por delante. La idea es atender a más víctimas y presentar el informe ante el Congreso dentro de un año, aunque no hay ningún plazo fijado. “Esto no es una carrera cuantitativa. Estamos centrados en hacer las cosas bien, con cautela, confidencialidad y discreción. Los resultados se verán más adelante”, señalan. “Lo que más nos preocupa, sobre todas las cosas, es la atención a las víctimas –continúan las mismas fuentes-. Escuchar adecuadamente los testimonios. Ese es el objetivo primordial. Y mostrar confianza y acogida por parte de esta institución pública. Lo más relevante son los testimonios. Esto ya tiene sentido en sí mismo. A raíz de ellos se comprobará en qué dirección se ha de centrar el informe. Las recomendaciones, consejos y sugerencias se harán pensando en todas las víctimas. Las que han acudido a ofrecer su testimonio y los que prefieran no hacerlo, a las que hay que respetar su silencio. Lo importante en estos momentos de arranque es generar espacios de confianza y ahí pedimos la colaboración de toda la sociedad, también la de los medios de comunicación, para que nos ayuden a hacer esta llamada. Los procesos en los distintos países no son iguales”. Pero es ahí, en esas diferencias entre países a la hora de investigar los abusos en la Iglesia, donde se encuentra parte del problema de la comisión que lidera Gabilondo, según una parte de las víctimas. A finales del pasado marzo se presentó en Barcelona la Plataforma Tolerancia 0, que agrupa a los denunciantes de casos tan sonados como el de los maristas (Manuel Barbero), el de La Salle (Alejandro Palomas) y el de la Abadía de Montserrat (Miguel Hurtado), entre otros. Ya entonces señalaron que no iban a participar en la investigación, al considerar que esta poco iba a hacer para esclarecer el escándalo. A diferencia de lo ocurrido en el Reino Unido y Australia, la comisión española carece de “poder coercitivo” sobre la Iglesia para forzarla a abrir sus archivos o llamar a declarar a los presuntos abusadores y encubridores. Y a esto se le suma el pasado de Gabilondo, antiguo sacerdote, que impartió clases en dos colegios de los Hermanos del Sagrado Corazón durante los años setenta, cuando supuestamente se cometieron abusos dentro de sus paredes. El Defensor del Pueblo siempre insiste que no tuvo “conocimiento” de esos casos y que de haberlo tenido los habría “denunciado”. En la plataforma señalan ahora que el volumen de denuncias recibidas durante estos dos meses de trabajo respalda su enfoque crítico. “La comisión no puede investigar en profundidad porque no tiene poderes para ello –argumentan fuentes de Tolerancia 0-. Solo puede escuchar, no investigar. No puede obligar a la Iglesia a entregar documentos ni exigir que los encubridores comparezcan. Sus resultados serán muy incompletos”.

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El organismo del Defensor del Pueblo recibe en dos meses 201 denuncias, muchas menos que iniciativas similares en Francia y Portugal

Los colaboradores de Gabilondo insisten en que “los resultados se verán más adelante”

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