El 84% de los abortos se realizan en clínicas privadas concertadas y sólo el 15% son en la sanidad pública; una situación que pretende revertir la reforma de la ley de salud sexual y reproductiva que el martes aprobó el Consejo de Ministros para su remisión a las Cortes. El problema es que los centros sanitarios públicos ya tienen listas de espera muy largas y si asumen el grueso de los abortos, unos 95.000 al año (aunque en 2020 la cifra bajó a 88.269), el sistema podría saturarse aún más. "Cuantos más procedimientos metamos en la cartera de servicios, más congestión habrá y más insatisfacción del ciudadano", avisa Tomás Cobo, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM).
Reforma de la ley de salud sexual
Los médicos avisan de que los abortos en la pública pueden saturar aún más el sistema
Advierten de que algunos centros públicos no podrán ofertar el método quirúrgico con garantías de calidad
Piden que no se destine exclusivamente a profesionales no objetores a realizar interrupciones de embarazo
Manifestación con motivo del Día Internacional por la Despenalización del Aborto. /
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