No tardó Catalunya en darse cuenta de que la eliminación de peajes en la AP-7, hace justo un año, más que una bendición, era un arma de doble filo. Por un lado, se ponía fin al eterno agravio comparativo con el resto del Estado. Quedaron, eso sí, las barreras de la C-16, el eje del Llobregat, y la C-32 sur, ambas en manos de la Generalitat, ironías del destino. Pero al liberar la autopista del Mediterráneo, y también la C-32 norte, la AP-2 o la C-33, pero sobre todo la AP-7, se generó un trasvase de circulación desde las carreteras paralelas libres de pago hacia esas vías supuestamente rápidas que ahora también eran gratuitas. Todo debería cambiar en 2024, cuando España, si quiere cumplir con Europa, implementará un sistema de pago por uso. Mientras eso llega, se acumulan los retos, los puntos débiles y los problemas.