Tiene ocho años y apenas sabe escribir. Parloteando palabras que solo su madre puede comprender, trata de unir las letras pegadas con imanes en el frigorífico. Primero la jota, luego la efe, después la ese y finalmente la e. Y un aplauso inmenso. Es evidente que José Fabio Campos tiene un elevado nivel de discapacidad, tal y como sus padres demuestran en un informe médico que, con fecha de 2017, recoge que tiene autismo. Este diagnóstico firma un médico guatemalteco, el país de procedencia de la familia, que tras dos años viviendo en España de forma irregular aún no ha accedido a ninguna ayuda pública que asegure la atención del niño. La Conselleria de Drets Socials achaca este caso a un error burocrático: la dirección de la familia estaba mal escrita en su expediente. Este caso demuestra lo que denuncia un informe de la federación Ecom: la mayoría de casos de discriminación de las personas con discapacidad los genera la propia Administración y en muy pocos casos se plantean denunciarlo.