Catalunya tiene 730 'urbanizaciones polvorín' expuestas a los incendios forestales

El primer balance del devastador incendio del Bages del fin de semana del 17 de julio certifica que se han quedado sin vivienda 28 familias de la urbanización River Park (El Pont de Vilomara i Rocafort)a. Para cuatro de ellas, la vuelta a casa es imposible: no les queda nada. "Si no es el incendio con mayor afectación jamás registrado en Catalunya, es de los peores", advierte Ivan Bagan, sargento jefe del Grupo de Estructuras y Colapsos (GREC) dels Bombers de la Generalitat, que está haciendo el análisis pormenorizado del desastre. River Park aflora una realidad preocupante: en Catalunya existen 730 urbanizaciones similares donde puede repetirse el desastre, según datos proporcionados por la conselleria de Territori. Otro dato: más de la mitad de urbanizaciones no están regularizadas pese a que ya hace 13 años que se aprobó una ley obligaba a poner orden. El texto de esa ley lo firmó el 'president' Montilla y establecía el proceso para las más de 1.400 urbanizaciones autoconstruidas en Catalunya durante los años 60 y 70 que se encontraban, ya entonces, en una situación precaria. Muchas, en un primer momento, se habían proyectado como segundas residencias. No había servicios básicos, no existían formalmente en una escritura y, evidentemente, no estaban preparadas ante una situación de un incendio forestal. A día de hoy, según los datos de la Conselleria de Territori, hay 1.430 urbanizaciones en Catalunya, de las cuales 730 siguen en esta situación de alegalidad. Son más de la mitad. La ley de 2009 apenas se cumplió, y si se hizo fue a trancas y barrancas. Ateniéndose a la ley, los propietarios y los ayuntamientos deben de afrontar los costes de la reurbanización: convertir el suelo no urbano en urbano, establecer las redes de alcantarillado, adaptar la corriente eléctrica, la conducción de agua, el asfaltado de las calles y la instalación de servicios y equipamientos municipales, como si se tratara de un barrio más de los pueblos. También en ese proceso entra la colocación de una red de hidrantes (los puntos de agua que usan los bomberos para conectar las mangueras). El Govern abrió una línea de ayudas, que ya entonces se demostró insuficiente. La crisis financiera a raíz de 2008 y las políticas de recortes posteriores (especialmente en los ayuntamientos para evitar endeudarse), truncaron el plan. Muchos vecinos que sufrieron los estragos de la crisis económica no pudieron pagar estos servicios y, en muchos casos, convirtieron esas casas levantadas con sus propias manos en primera residencia. Llevan el sello de la pobreza y la desventaja. Incendios de nueva generación Estos núcleos urbanos sonde domina la dejadez se han convertido en un polvorín con las olas de calor que están llegando con la crisis climática. El paisaje calcinado de River Park, la urbanización de El Pont de Vilomara i Rocafort es un reflejo evidente. "Un incendio en una urbanización es relativamente habitual o frecuente, pero este nivel de destrucción no lo es", asume el bombero Bagan, que explica que es uno de los incendios de nueva generación que ya afectan a Catalunya. "Nos encontramos con fuegos muy intensos, que superan en 12 veces nuestra capacidad de extinción. El escenario del tipo de siniestros está cambiando y también debe hacerlo la normativa", asegura. Una normativa que a duras penas se cumple: las urbanizaciones deben tener franjas perimetrales de 25 metros limpias de combustible forestal y una red de hidrantes. Las parcelas no edificadas deberían estar libres de vegetación seca con la masa de árboles limpia. Ninguna de estas premisas se cumplían en River Park. El alcalde asume que no puede combatir este problema en solitario. Vecinos empobrecidos "Tenemos muy presentes los mapas de riesgo de incendios, pero en el caso de las urbanizaciones se debería hacer también un mapa de vulnerabilidades", insiste el experto en desastres Israel Rodríguez, sociólogo y profesor de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). "Las urbanizaciones donde viven personas empobrecidas están menos preparadas para los incendios: tiene que ver con las calles que no están asfaltadas, son más estrechas, el material con el que están hechas las viviendas, no hay muros de contención... Todo esto va sumando", añade Rodríguez. Destaca, por ejemplo, que en muchas zonas viven personas ancianas o con movilidad reducida, que no pueden desalojar rápido en una evacuación, o migrantes que desconocen el idioma y, por lo tanto, las medias preventivas de cómo actuar en una emergencia. "También nos encontramos con personas que quieren vivir aisladas, y no ven con buenos ojos la presencia de las administraciones", insiste el sociólogo. "Otro problema viene después de la catástrofe. Muchas de estas viviendas quemadas no están legalizadas ni tienen un seguro del hogar. Los propietarios acabarán expulsados en la calle a no ser que la Administración les dé una respuesta a largo plazo, no es lo habitual", prosigue Rodríguez. Las urbanizaciones-polvorín dan dónde más duele. Afectan a personas con mayor problemática social y, por lo tanto, con menos respuesta ante los incendios. El sociólogo insiste en la prevención: "Y aquí solo se puede hacer conociendo a esos vecinos, acercándose a ellos, y, evidentemente, con ayudas y trámites ágiles que permitan dignificar y preparar estas casas frente al fuego".

Catalunya tiene 730 'urbanizaciones polvorín' expuestas a los incendios forestales

El 51% de las urbanizaciones catalanas son alegales: no tienen servicios básicos, como alcantarillado o calles asfaltadas, ni tampoco instrumentos de prevención de fuegos, como los hidrantes

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