El sector de la discapacidad intelectual reclama las plazas públicas destinadas al colectivo

El pasado 18 de diciembre Laura Costa se presentó a las primeras oposiciones de la convocatoria 240 subalternos que la Generalitat de Catalunya organizaba específicamente para personas con discapacidad intelectual. Eran 151 plazas. Una iniciativa fruto del compromiso del Govern de favorecer la inclusión y la inserción laboral de este colectivo (solo uno de cada cinco discapacitados intelectuales tiene empleo). Esta joven de Badalona lo hizo con ilusión. Llevaba dos años, pandemia mediante, preparándose para ello. Incluso pidió a su oncólogo que pospusiera la intervención de un tumor para poder estudiar con tranquilidad. Y salió del examen, que se prolongó desde las 08.00 horas de la mañana hasta pasadas las 15.00 horas, relativamente contenta. A partir de ahí, el desconcierto, la desilusión y el enfado. "Es como si quien me ofreció un helado luego me lo quitara", describe. Costa llegó a celebrar con sus padres que había pasado las oposiciones. Fue el pasado abril, cuando recibió una notificación de que era "apta". Había quedado entre los 70 primeros aspirantes en el primer ejercicio. Y aquí el desconcierto. Porque al cabo de un mes recibió la notificación del segundo ejercicio del examen: no apta. Lluís Costa, padre de Laura, cuestiona la tardanza en notificar el resultado de un examen, al cabo de cuatro meses, y que los resultados se den por fases y con una terminología confusa. La asociación en defensa del sector de la discapacidad intelectual Dincat le da la razón y subraya que esto es un ejemplo de la falta de accesibilidad. "Estas personas deben tener acceso a información clara que les permita entender ya sea las condiciones de un examen, un programa electoral o un prospecto médico", señalan. De los 400 candidatos que se presentaron, 131 aprobaron el primer ejercicio y de estos, 75 aprobaron el segundo. Con lo cual, solo la mitad del empleo público ofrecido a este colectivo queda cubierto. A partir de aquí, familias y Dincat han denunciado el modo en que se desarrollaron esas oposiciones. "Los exámenes se hicieron sin las adaptaciones adecuadas. Que solo hayan aprobado 75 personas es muy indicativo", subraya Carles Campuzano, presidente de Dincat, que recuerda que la entidad colaboró en la preparación de los temarios de las oposiciones, pero lamenta que en el resto del proceso sus aportaciones no han sido tenidas en cuenta. Así, el colectivo denuncia que "las pruebas fueron excesivamente largas, sin pausas. Incluían preguntas que no aparecían en el temario adaptado que se había elaborado conjuntamente con Dincat, no se ajustaba a las normas de lectura fácil e incorporaba un ejercicio que descontaba las respuestas erróneas". En definitiva, "no se tuvo en cuenta el perfil de los estudiantes", critican desde Dincat. El Govern asegura que hubo "cuidado" No lo ven de la misma manera en el Departament de Presidència, de quien depende la dirección general de Función Pública. Fuentes de la 'conselleria' aseguran que la convocatoria de oposiciones se realizó "con especial cuidado e interés". "Se hicieron adaptaciones específicas", "se incrementó el tiempo de las pruebas" y el personal fue "especialmente cuidadoso en las explicaciones". Añaden que "todas las preguntas estaban en el temario" y que el examen se preparó en lectura fácil. Concluyen que los resultados de aprobados están "en línea con los de otras convocatorias". Y aseguran que "aquellos que lo han solicitado se les ha dado copia de sus ejercicios". Este extremo lo desmiente tajante Costa, que ha pedido ver el examen y todavía no ha recibido respuesta. Exigen soluciones Laura Costa reclama que las 75 plazas que han quedado vacantes se cubran por orden de puntuación con el resto de candidatos. Lo considera "lo más justo" después de dos años estudiando. "Como yo hay mucha gente desilusionada. Ya tenemos suficientes problemas y estas cosas nos afectan aún más psicológicamente", remacha la joven. Su familia llevará el caso ante la nueva Síndica de Greuges, Esther Giménez-Salinas. Y Dincat hará lo propio en representación de más familias. La entidad también ha planteado como alternativa que se convoquen de forma inmediata y con un proceso adaptado y ágil otras oposiciones para cubrir esas 75 plazas. Así se lo han planteado por carta a la 'consellera' de Presidència, Laura Vilagrà. Pero, de momento, la respuesta "no ha sido satisfactoria" ni han propuesto soluciones, explica Campuzano. "Estamos indignados. En los últimos dos años hemos estado insistiendo en la necesidad de coordinarnos para garantizar un examen en condiciones para estas personas y no hemos sido escuchados", añade. "No nos vamos a rendir. Lo vamos a batallar", afirma con convicción Lluís Costa, que ya ha presentado un recurso ante la dirección general de Función Pública. Recuerda que la inserción laboral de los discapacitados intelectuales fue un "compromiso social y político" del Govern y exige "que se cumpla".

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