El Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) acaba de asestar un duro varapalo judicial al Concello de Cangas, no tanto por el desembolso económico que supone para las arcas municipales como por el carácter simbólico de una sentencia que considera que la administración local canguesa incurre en una discriminación salarial en base al sexo al constatarse una brecha entre los sueldos que cobran los peones barrenderos de las vías públicas y las limpiadoras de los inmuebles municipales. El tribunal entiende que hay “existencia de indicios objetivos de discriminación indirecta por razón de sexo”, al estimar que se trata de trabajos de igual valor y no existen “razones objetivas acreditadas, por el Concello, que justifiquen la diferencia de retribución por diferente valor”.