"Mi hermana tardó meses en lograr la eutanasia por la negativa de la sanidad privada"

La ley de la eutanasia, que este sábado cumple un año desde su entrada en vigor, dice literalmente que "la prestación de la ayuda a morir se realizará en centros sanitarios públicos, privados y concertados". Sin embargo, Carmen Rodríguez (nombre ficticio dado que sus familiares no quieren desvelar su verdadera identidad), exfuncionaria, mutualista y enferma de esclerosis lateral primaria, tuvo que pedir el traslado a la sanidad pública para poder cumplir su deseo de que los profesionales sanitarios acabaran con su sufrimiento y le ayudaran a morir plácidamente. Ni Muface ni Asisa le facilitaron la prestación, por mucho que sus hijos y sus hermanos, entre ellos Carlos Rodríguez, realizaran una y otra vez la petición, lo que demoró el proceso ocho meses cuando la ley marca que desde que un enfermo solicita la prestación hasta que se ejerce el derecho no deberían pasar más de 40 días. Y es que, aunque no se han hecho públicos los datos, la asociación Derecho a Morir Dignamente calcula que la sanidad privada apenas ha asumido dos o tres de las 180 eutanasias practicadas en España en el primer año de aplicación de la ley. Y la demora fue muy "dura" para Carmen, según explica Carlos, dado que su hermana recibió con mucha ilusión la aprobación de la ley, "vio por fin la luz y cómo acabar con su sufrimiento" pero cuando una y otra vez le denegaban la petición "se desanimó, llegó a estar muy desesperada y con un gran sufrimiento mental". Testamento vital Y es que Carmen tenía claro que no quería una muerte llena de padecimiento y dolor. Le diagnosticaron la esclerosis en 2013, con 67 años y sufrió un rápido deterioro, a los tres años tuvo que ser ingresada en una residencia porque se vio afectada su capacidad motora. Y un año antes, hizo un testamento vital en el que ya avisaba de que si alguna vez se llegaba a despenalizar y regular la eutanasia en España, ella quería acogerse. Carmen era profesora universitaria, tenía dos hijos, era viuda pero mantenía una "actitud muy activa y vital". Hasta que la enfermedad fue minando, poco a poco, su calidad de vida. El año pasado, cuando la pionera ley entró en vigor, ya no solo no podía moverse salvo el brazo derecho, sino que tenía la cara deformada y sufría fuertes dolores, sobre todo intestinales, pese a la gran medicación. "Pero tenía la cabeza completamente lúcida, era consciente de su irreversibilidad y sufría más psíquicamente que físicamente", explica su hermano. La objeción Carmen solicitó por primera vez la eutanasia el pasado agosto, pero se encontró con que el médico de la residencia donde vivía y su neurólogo, de Asisa, dado que como exfuncionaria era mutualista, le respondieron que eran objetores y no la derivaron a ningún otro médico. Ante ello, esperaron a que la Comunidad de Madrid crease la Comisión de Garantía y Evaluación, trámite que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso demoró hasta octubre, pese a el órgano territorial que debe autorizar cada eutanasia debería haber estado listo cuando entró en vigor la ley, el pasado junio. La familia de Carmen escribió entonces a la Comisión en dos ocasiones, una en noviembre y otra en diciembre, y no obtuvieron ninguna respuesta. Ante el sorprendente silencio, sus familiares escribieron "40 o 50 correos electrónicos", a cualquier organismo que considerasen que pudiera ayudarla, hasta que dieron con Rosa Iglesias, que trabaja en la unidad de muerte digna de la Comunidad de Madrid, quien sí se interesó por la solicitud. Y también pidieron ayuda a la asociación Derecho a Morir Dignamente. Iglesias se puso en contacto con el Ministerio de Sanidad, que señaló que correspondía a Muface satisfacer la prestación. Y Muface pasó a su vez la pelota a Asisa. Finalmente, la compañía aseguradora remitió un correo a la familia en el que señalaba textualmente: "No disponemos de ningún facultativo o centro hospitalario concertado donde realicen la prestación solicitada. Puede acudir, por tanto, a cualquier servicio de la Seguridad Social que disponga del mismo, mientras no dispongamos de oferta asistencial". La contestación Carlos se llevó las manos a la cabeza cuando vio la respuesta. "Qué contestación tan seca, tan inhumana, estaba claro que no tenían ningún interés cuando es una ley de obligado cumplimiento", denuncia. Finalmente, se puso en contacto con la familia de Carmen la directora de Muface Madrid, quien les informó de que la única solución para que la enferma pudiese ejercer su derecho era que solicitase su traslado a la sanidad pública. Por aquel entonces era el mes de enero, justo cuando los mutualistas pueden pedir el cambio de sistema sanitario y lo lograron a tiempo. Tras este trámite, el doctor Fernando Marín, de la asociación Derecho a Morir Dignamente, un neurólogo y un psicólogo del hospital Carlos III, después de examinar a Carmen, certificaron que la solicitante cumplía los requisitos que marca la ley. La Comisión de Garantía autorizó entonces la eutanasia y Carmen cumplió su deseo el 1 de abril. Recibió la ayuda a morir en la residencia, rodeada de sus hijos, sus hermanos y el personal del centro. "Murió con una sonrisa en la boca, haciendo bromas aunque casi no podía hablar, pero entendíamos lo que quería transmitir. Para ella fue una liberación, los demás estábamos hechos polvos", rememora Carlos, quien asegura convencido de que las personas que se oponen a la eutanasia es por que no han tenido un ser cercano deseando recibir la ayuda. "Si no, incluso por misericordia, cómo les vas a negar este derecho", se pregunta.

"Mi hermana tardó meses en lograr la eutanasia por la negativa de la sanidad privada"

Asisa denegó la prestación de ayuda a morir a una mujer con esclerosis que tuvo que esperar ocho meses y pedir traslado a un centro público para poder ejercer el derecho

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