La ley de eutanasia cumple un año con una desigual aplicación toda España

El próximo sábado, 25 de junio, se cumplirá justo un año desde que entró en vigor la histórica ley de la eutanasia. Hace 12 meses, España se convirtió en el sexto país del mundo en despenalizar la ayuda a morir como una prestación más del sistema público de salud, tras años de lucha por parte de pacientes y activistas como Ramón Sampedro, Fernando Cuesta o Luis Montes. Sus nombres resonaron con fuerza en el Congreso de los Diputados cuando la ley fue definitivamente aprobada, con los votos a favor de todos los partidos salvo PP, Vox y UPN. Desde entonces, se han practicado entre 150 y 200 eutanasias, según los cálculos de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), a partir de los datos recabados entre sus socios o las personas que se ponen en contacto con el colectivo o bien publicados por las comunidades autónomas. No obstante, no todas las administraciones territoriales han hecho públicos estos días la estadística, lo que ha impedido al Ministerio de Sanidad difundir, por el momento, el balance íntegro del primer año de aplicación de la ley. Aún así, aunque los datos son incompletos, sí que permiten vislumbrar que la puesta en práctica ha sido muy desigual, en función del territorio. Catalunya y País Vasco se sitúan a la cabeza en número de solicitudes aceptadas, sobre todo la primera, con 60 eutanasias practicadas y 25 en Euskadi, mientras que Andalucía y Madrid “han arrastrado los pies”, en palabras de Javier Velasco, presidente de DMD. En la primera se han practicado 11 eutanasias y en la segunda 19, pese a que tienen un gran volumen de población. En la Comunidad Valenciana ha habido 13 y en Extremadura solo 1. Comisión de Garantía Y es que a Andalucía no creó la Comisión de Garantía y Evaluación, que debe autorizar cada petición, hasta el pasado diciembre, mientras que en Madrid no estuvo lista hasta octubre, cuando la ley marcaba como fecha tope la entrada en vigor, es decir, el 25 de junio del año pasado. Este retraso ha contribuido a que en ambas autonomías se hayan practicado muchas menos eutanasias y a que algunos pacientes hayan muerto esperando la luz verde. Por ejemplo, es sonado el caso de Estrella López, que tardó 10 meses en conseguir la ayuda a morir en Andalucía, cuando la ley marca que el desenlace no debería durar más de 40 días desde que se inicia la solicitud. Y no solo la tardanza en nombrar las comisiones explica la disparidad de datos. En Catalunya y Euskadi se ha dado más difusión a la ley tanto entre la ciudadanía como entre los profesionales sanitarios que tienen que aplicarla, acción que ha contribuido a que haya más solicitudes y a que haya menos demoradas en el proceso por las dudas entre los equipos asistenciales, según DMD. Además, ambas administraciones han nombrado referentes, es decir, profesionales que conocen bien la ley y a quienes acuden los médicos que no saben bien qué hacer ante una solicitud o cómo realizar todo el proceso. Y Catalunya, Euskadi, Navarra, Canarias se ha fomentad la liberalización de las agendas de los sanitarios que reciben una petición de ayuda a morir, dado que sobre todo en Atención Primaria, “van desbordados de trabajo y así es imposible pasar las horas que se necesitan para hablar con el paciente o ir a su domicilio”. Según el presidente de Derecho a Morir Dignamente, hay profesionales que “han objetado más por conveniencia, porque no puede asumir ese trabajo extra, que por motivos éticos, por eso es importante, para facilitar la aplicación de la ley, que se liberen las agendas de los sanitarios que reciban una solicitud”. Objeción de conciencia De hecho, es llamativo que mientras en Catalunya, con 137 solicitudes, solo ha habido 167 objetores de conciencia en Madrid, con 19 eutanasias atendidas –la comunidad no revela cuántas se han solicitado y se han denegado- haya 2.820 objetores. El número de solicitudes, aunque se desconoce con exactitud, no ha sorprendido a Derecho a Morir Dignamente, movimiento ciudadano que nació hace casi 30 años para promover el respeto a la libertad del individuo en el proceso final de la vida. “Sabíamos que no iba a haber muchas solicitudes pero aún así es un derecho que tienen aquellos enfermos que cumplen los requisitos”, señala Velasco. La ley marca que pueden acogerse a la prestación quienes tenga un “padecimiento grave, crónico e imposibilitante o una enfermedad grave e incurable, causantes de un sufrimiento intolerable”. Derecho a Morir vaticina que el próximo año, una vez que la ley esté más asentada, habrá más peticiones y menos demoras. En Catalunya, la mayoría de las solicitudes han sido cursadas por personas con enfermedades neurodegenerativas, con más de 71 años y en los centros de atención primaria. Y en el ámbito privado, en toda España, apenas ha habido casos.

La ley de eutanasia cumple un año con una desigual aplicación toda España

Catalunya (con 60) y País Vasco (con 25) son las comunidades con mayor número de solicitudes atendidas

Madrid y Andalucía demoraron meses su puesta en marcha, en la primera se han practicado 19 y 11 en la segunda

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