La prostitución es una actividad alegal en España y, por ello, apenas hay datos sobre cuántas mujeres la ejercen, ni en cuántos prostíbulos o pisos, cuántos hombres acuden a ellos y exactamente cuánto dinero mueve. Todo son aproximaciones o informes antiguos, que aportan una imagen solo aproximada de una actividad en España que buena parte del movimiento feminista considera como un acto de violencia hacia las mujeres. Pese a ello, el Gobierno y los especialistas consideran que la industria del sexo española es, sin duda, una de las más importantes del mundo. Una actividad a la que la reforma abolicionista que impulsa el PSOE, admitida hoy a trámite en el Congreso, podría poner freno.