El retraso en aplicar las leyes ambientales europeas desprotege el Mar Menor

El derecho ambiental está fallando en su aplicación. La base de esta legislación en España llega de las directivas europeas que protegen el medio ambiente y a quienes lo habitan. La normativa es amplia pero su desarrollo y su aplicación en nuestro país es lento, escaso en algunos aspectos y poco eficaz. "En Europa tenemos un derecho ambiental muy desarrollado pero hay que potenciar los mecanismos que tenemos ahora porque no se consigue aplicar bien". El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de A Coruña, Francisco Javier Sanz Larruga, especializado en la legislación ambiental, imparte este viernes una conferencia dentro del Congreso Internacional sobre Derecho de la Biodiversidad y del Cambio Climático que se celebra en la Universidad de Murcia. La ponencia estará centrada en las mejoras jurídicas sobre la protección de la naturaleza y analizará la Iniciativa Legislativa Popular para nombrar al Mar Menor sujeto con derechos propios. Sanz menciona que la aplicación de las directivas europeas sobre hábitats o aves en España no se completan ni tienen eficacia, algo que también ocurre con la norma sobre responsabilidad ambiental, que acumula retrasos a la hora de exigirla a empresas o particulares que han dañado un ecosistema. La directiva sobre la contaminación por nitratos es otro ejemplo de incumplimiento sistemático por parte del Estado y las comunidades. Todo ello lleva a perpetuar una desprotección de espacios protegidos como el Mar Menor. "Los tribunales tampoco están siendo muy estrictos en el control de la implantación de estas normas", y añade que existe una falta de voluntad política en imponer restricciones económicas, algo que termina por atascar la cobertura legal de los ecosistemas. "Desde la crisis económica las administraciones cada vez tienen menos dinero para tener a funcionarios preparados", lo que deriva en que muchas actuaciones se externalicen. El catedrático experto en legislación ambiental cree que el objetivo que persigue la ILP del Mar Menor tiene sentido en otros contextos sociopolíticos e históricos como ha ocurrido en Latinoamérica o Nueva Zelanda, pero en una Europa con un derecho tan "desarrollado" no hace falta crear «otra figura» de protección. "No es cuestión de generar más instrumentos sino de lograr una buena aplicación de las leyes". Celebra de la iniciativa el clamor social que ha generado, un "activismo social" que falta en España, opina, y si algo debe impulsar esta propuesta es una reforma en España para conseguir que la defensa de un ecosistema la pueda ejercer cualquier particular. "Se debe reconocer a nivel estatal la acción popular". De la Ley del Mar Menor subraya que "solo con que se aplicara la mitad de la norma con eficacia" se resolverían muchos de los problemas de la laguna. "Vivimos en un mundo muy antropizado, queremos proteger la naturaleza pero no paramos de generar impactos negativos". Esa convivencia con la naturaleza que defiende la ILP debe hallar la forma de reducir las presiones sobre los ecosistemas, como ocurre en la laguna salada. En esto debe jugar un papel fundamental la coordinación entre administraciones, "que también ha fallado y mucho hasta ahora", y apoyarse en la ciencia. "Los gobiernos deben tener un conocimiento múltiple de un problema ambiental. Si fallan en sus decisiones cabe la posibilidad de llevarlos a los tribunales por no haberse apoyado en los técnicos o científicos". El Ministerio de Turismo ofrece fondos para resucitar la oferta en la laguna El secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, ha anunciado este jueves una convocatoria extraordinaria, dotada con 23,4 millones, dentro del programa de Sostenibilidad Turística en Destino, al que podrán optar los municipios de la Región, en especial las localidades ribereñas al Mar Menor, con el objetivo de reforzar su oferta turística. Durante su intervención en la apertura del VI Congreso Internacional de Calidad y Sostenibilidad Turística que se ha celebrado en Cartagena, Valdés ha señalado que el Gobierno de España ya ha transferido a la Comunidad Autónoma los primeros 21,6 millones de fondos europeos para inversiones turísticas correspondientes a proyectos presentados por seis municipios: Cartagena, Caravaca de la Cruz, Lorca, Mazarrón, Yecla y Jumilla. Además, ha recordado que el Estado también ha comprometido para la Región de Murcia dos millones de euros con los que se convocarán ayudas para que los alojamientos turísticos mejoren su eficiencia energética reformando, por ejemplo, sus sistemas de iluminación, calefacción y climatización, o la envolvente térmica. En este punto, Valdés ha indicado que la recuperación del turismo «también se percibe en Murcia, que ha recibido en el mes de abril prácticamente el mismo número de turistas internacionales que en abril de 2019, apenas un 2% por debajo, pero con un gasto mayor, que pasa de 93 a 96 millones de euros». El director general del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, Juan Francisco Martínez, respondió al secretario de Estado que los 23 millones de euros de fondos Next Generation que corresponden este año a la Región "no se pueden destinar a promoción turística del Mar Menor". "Esa cantidad, que Valdés califica de adicional, corresponde a la segunda anualidad ordinaria de los fondos europeos Next Generation y no se pueden destinar a promoción turística" y "esto debería saberlo el secretario de Estado porque la norma fue redactada por su Ministerio, con nuestro voto en contra por el sistema de reparto".

El retraso en aplicar las leyes ambientales europeas desprotege el Mar Menor

Francisco Sanz, experto en Derecho de la naturaleza en la Universidad de A Coruña, cree que la laguna no necesita más figuras de protección, sino que falta "una aplicación eficaz" de la legislación que hasta ahora ha fallado

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