La falta de ayudas aboca al cierre a una asociación de atención a víctimas de abusos

"Este mes de junio nos vamos todas al paro, y a ver cómo seguimos". Cuenta preocupada, pero sobre todo enfurecida, Maria Sellés, coordinadora de la Associació d'Atenció a Dones Agredides Sexualment. Una entidad de Barcelona con más de 20 años de historia: fue la primera en acercarse a las mujeres víticmas de violaciones. Este 2022, por falta de ayudas públicas, se ha visto obligada a dejar de pagar a todos sus empleados. Han decidido seguir adelante a base de voluntariado, pero ya acumulan una lista de espera de ocho mujeres agredidas en tan solo dos semanas a las que no podrán ayudar. Su caso muestra el débil sistema de financiación de las entidades sociales, que, según la Taula d'Entitats del Tercer Sector, obligará a muchas a seguir el mismo camino que AADAS. Cuando AADAS se creó en 1991 las agresiones sexuales eran, más bien, un estigma. Su labor, presente hasta hoy, consiste en abrazar a estas mujeres y acompañarles en su recuperación por la vía judicial y psicológica. "Cada año, de media, atendemos a 350 personas, la mayoría mujeres pero también algún hombre", cuenta Sellés. Esto ocurre, en parte, porque los Mossos d'Esquadra, los jueces y los servicios sociales, entre otros servicios públicos, derivan a muchas víctimas de violencia sexual hasta la asociación para que les ayuden en su recuperación. Hasta allí llegan personas de todas las edades que han sido víctimas de violaciones, acoso o tocamientos no deseados por parte de personas conocidas (un jefe, un amigo) o por parte de desconocidos. Y los casos ocurren a todas horas y en todos los lugares. "En taxis, en el trabajo, de camino a casa, en la discoteca...", sigue Sellés. No es un caso aislado El año pasado la entidad ya vio cómo su futuro peligraba: la Generalitat no les había abonado una subvención por un error técnico. Finalmente terminaron por cobrarla y el año se pudo salvar. Este 2022, la situación es "insostenible", en palabras de Sellés. Han quedado excluidas de la subvención de la aportación al 0,7% de la declaración de la renta, que otorga la Generalitat y que percibían cada año. La dotación del Ayuntamiento de Barcelona es de 12.000 euros anuales y de la Diputación de Barcelona, de 5.000. "Para seguir adelante y poder pagar las nóminas a nuestras psicólogas necesitamos entre 40.000 o 50.000 euros", prosigue Sellés. El de ADDAS no es un caso aislado. Hace semanas que las entidades sociales se encuentra en apuros. El sector señala importantes demoras en el pago de las aportaciones públicas prometidas para 2021. La Taula d'Entitats del Tercer Sector Social calcula que las oenegés han tenido que poner de su bolsillo un total de 23 millones de euros este año porque aún no han podido cobrar las ayudas por las actividades del año pasado. Una realidad que, según la presidenta de la taula, Francina Alsina, pone "en jaque" la labor social, obligando a despedir personal o a endeudarse con los bancos. De momento, ADDAS seguirá viva con voluntariado. ¿Hasta cuándo? "Hasta donde podamos", zanja Sellés. Voluntariado y lista de espera La oenegé ha presentado un erte para poder seguir trabajando mientras busca financiación extra. "Creemos que no nos lo van a aceptar, nos iremos al paro", prosigue. La única trabajadora que podrá seguir trabajando es la jurista, que se financia por aportaciones de una federación estatal. Las tres psicólogas y las dos coordinadoras se van a la calle. "Seguiremos trabajando desde el voluntariado porque creemos que las mujeres que atendemos nos necesitan", prosigue Sellés. Admite, sin embargo, que la situación no se podrá prolongar durante mucho tiempo. La entidad también ha cerrado puertas para atender nuevos casos. "Los apuntamos a una lista de espera porque no podemos dar abasto", sigue. En tan solo dos semanas ocho mujeres han necesitado de su atención. "El problema es el mal sistema con el que funcionan las subvenciones públicas, es un sistema precario y que nos pone en apuros", sostiene Sellés. Las entidades presentan sus proyectos para un año, los implementan, pero no cobran los fondos públicos hasta el ejercicio siguiente. "Estamos en el mes de junio y aún no tenemos ni las resoluciones de si nos aceptan los proyectos que llevamos meses implementando en 2022", se queja.

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