Mientras la Generalitat pone en marcha a sus servicios jurídicos para presentar un recurso contra la interlocutoria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que le obliga a aplicar el 25% de castellano en las aulas en un plazo de dos semanas, los partidos que integran el Govern siguen sin ponerse de acuerdo sobre cómo se puede blindar el modelo de inmersión lingüística en la escuela catalana, tal y como prevé la actual ley de educación de Catalunya (LEC).