Las penas de cárcel no frenan el acoso a las mujeres que deciden abortar

Unas 80 personas se postraron de rodillas este sábado ante la clínica Dator, en Madrid, especializada en interrupción voluntaria del embarazo. Con la ayuda de una gran cruz de madera, un megáfono y varias pancartas en contra del aborto, los congregados leyeron durante casi una hora versículos bíblicos sobre las “llamas del infierno” y el “sagrado fruto de tu vientre”, rezaron el Avemaría y gritaron “¡viva Cristo Rey!”. Varios policías vigilaban lo que allí ocurría, pero ninguno de ellos tomó los datos de los asistentes, a pesar de que este tipo de actos pueden ser constitutivos de un nuevo delito perseguible de oficio, sin necesidad de denuncia previa. En vigor desde mediados del mes pasado, la ley castiga con prisión de tres meses a un año o con trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días a quienes acosen a una mujer “mediante actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben su libertad”. Los convocantes, un grupo ultracatólico llamado Enraizados, no habían comunicado la concentración a la Delegación del Gobierno en Madrid. Pero no pasó absolutamente nada, más allá de que fuentes de este organismo explicaron después que les abrirían un procedimiento sancionador por no informar de la concentración. Reivindicada durante años por las clínicas, y similar a las regulaciones de otros países europeos, la reforma penal, según los partidos que la impulsaron, está diseñada para evitar actos de este tipo. “Los acosadores en las puertas de las clínicas tienen una sola intención, y no es rezar: es coaccionar la libertad de las mujeres”, señaló durante el debate parlamentario Laura Berja, diputada del PSOE. Sin embargo, el nuevo delito no ha logrado frenar el hostigamiento en estas tres primeras semanas. Al contrario. Según los responsables de las clínicas, el acoso está yendo a más. El blanco de la ira Dator fue el primer centro que obtuvo en España acreditación para practicar la interrupción voluntaria del embarazo, en 1985. Desde entonces, ha sido el principal blanco de la ira del antiabortismo más radical, que en los últimos días ha visto reforzada su posición gracias a noticias como la llegada el pasado lunes de EEUU, donde el Tribunal Supremo se dispone a tumbar el precedente judicial que consagró constitucionalmente el derecho en aquel país. “Estos grupos piensan que si consiguen cerrar Dator, caerán el resto de clínicas. Pero no lo van a conseguir”, señala su portavoz, Sonia Lamas. La sede llevaba más de un año sin ser atacada. El 28 de abril, sin embargo, sus ventanas y puertas aparecieron a primera hora de la mañana pintadas de azul. Pocas semanas antes, la asociación de extrema derecha Hazte Oír había abierto una oficina justo enfrente de la clínica, desde la que han organizado conciertos callejeros y proyectado ecografías en una pantalla gigante. Pintada de color rosa y morado, en su fachada aparece un bebé, junto a lemas como “¿te vas a quedar sin su sonrisa?”. Y este sábado tuvo lugar la concentración, la primera de este tipo desde que es delito el acoso a las mujeres que deciden abortar. “La reforma penal no nos va a detener. Hay gente que por razones personales tiene miedo a recibir una sanción. Pero yo no, y como yo muchos otros, sobre todo los jóvenes, más dispuestos a enfrentarse a una ley ilegítima e ilegal, propia de regímenes como la antigua Unión Soviética”, señaló el portavoz de la convocatoria, José Velarde, pasando por alto que una norma como la española ya existe desde hace tiempo en Alemania, Francia y el Reino Unido. Pero Velarde tenía razón en algo: la mayoría de quienes le acompañaban eran estudiantes, universitarios o de secundaria. Estaban a un lado de la calle. Al otro, un pequeño grupo de feministas, que se habían movilizado para mostrar su repulsa. En medio, los policías, mirando sin hacer nada. Condenas “imposibles” Los centros de Barcelona tienen la misma impresión que los de Madrid sobre los efectos prácticos que hasta ahora ha tenido la nueva ley. Vicente Sanchís, trabajador de la clínica Emece, explica que desde hace unas semanas cuatro personas mayores se colocan frente a la sede, intentan parar a las mujeres que acuden a interrumpir su embarazo y les entregan folletos. “Hacía mucho que eso no pasaba”, señala. En la clínica Aragón, también en la capital catalana, cuentan experiencias similares. “Mucho me temo que las condenas van a ser imposibles”, señala José Antonio Bosch, abogado de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), una entidad que en 2018 entrevistó a 300 mujeres que habían abortado en toda España: el 89% se habían sentido acosadas y el 66% amenazadas. “Es muy difícil que las mujeres que han abortado, y que son las que sufren la coacción grave, vayan a declarar ante el juez. No quieren, y es bastante comprensible, meterse en un circuito judicial que puede durar uno o dos años. Así que se hurta al juzgador del elemento sobre el que debe basar el acoso”, continúa. Por eso ACAI defiende que hubiese sido mucho más útil que la ley estableciese perímetros de seguridad en torno a los centros, como ocurre en Francia. Aun así, Bosch confía en que la reforma sirva al menos como “motivación” a la Policía para “actuar” frente a este acoso. Pero algo así no ocurrió este sábado. Cuando terminaron los rezos, los antiabortistas radicales volvieron a ponerse en pie, se agarraron unos a otros, sonrieron, se balancearon frente a las feministas en actitud retadora, volvieron a gritar “¡viva Cristo Rey!”, entonaron la canción del mismo título (“nuestro soberano Señor / pelear por Él es todo un honor”) y entonces se marcharon, muy satisfechos.

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Un grupo ultracatólico se concentra para rezar y gritar “¡viva Cristo Rey!” frente a la clínica Dator sin que la Policía haga nada

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