La Conselleria de Drets Socials está estudiando la posibilidad de contratar a un interventor para el Consorci de Serveis Socials de Barcelona para evitar las irregularidades detectadas entre 2014 y 2019. Entre ellas, contratos sin publicidad por valor de 20 millones de euros o sobresueldos cercanos al millón de euros que no están avalados por ninguna tabla salarial, que detectó la Sindicatura de Comptes en 2014 y posteriores auditorías de la Intervención General de la Generalitat en 2015, 2017, 2019 y 2020. Este ente, creado en 2006, se dedica a atender a menores tutelados, personas con discapacidad, mujeres victimas de violencia machista o tramitar peticiones de dependencia en la ciudad.