Perplejidad en los geriátricos: "Nos negaban el traslado de enfermos covid a residencias que estaban vacías"

"Esto es una broma, ¿no?", responde al teléfono el director de una residencia del Vallès al conocer la baja ocupación de las residencias de referencia, 'buffer', que durante el 2020 y hasta septiembre de 2021 debían de alojar enfermos de coronavirus procedentes de los geriátricos catalanes. Algunos directores consultados por EL PERIÓDICO que piden anonimato no dan crédito de que solo se llenaran el 18,8% de las plazas disponibles. Aseguran, indignados, que intentaron a la desesperada trasladar sus residentes infectados a los centros de referencia habiltados para ello, pero que no hubo forma de hacerlo. "Tenías que estar muy bien conectado o armar un escándalo en los medios de comunicación para que te los trasladaran", asegura un médico que también es responsable de un geriátrico. La Conselleria de Drets Socials pagó 10,6 millones de euros para disponer de más de 141.641 plazas en residencias de ancianos y de personas de discapacidad que estuvieran infectados de coronavirus, pero con secuelas leves. Según los datos obtenidos por este diario, más del 80% de las plazas no fueron ocupadas. El gasto por el servicio no prestado supera los siete millones de euros. Todo ello ocurrió entre abril de 2020 y septiembre de 2021 aunque el grueso de los contratos datan de noviembre de 2020 y marzo de 2021. En aquel periodo, el virus mató a más de 2.007 residentes e infectó 11.023 personas dentro de los geriátricos catalanes. "Estaba muriendo gente en las residencias mientras las 'buffer' que nos habían prometido estaban vacías", exclama el director de un geriátrico en el Vallès que pide proteger su identidad por el temor de denuncias de los familiares. "Estábamos todos desesperados pidiendo traslados porque nos quitábamos de encima el foco de la infección y además conseguíamos que el personal no cayera de baja, que es el principal problema que nos afectó, especialmente después de la vacunación", asegura el responsable de la residencia. "Este caso demuestra una grave descoordinación asistencial y las autoridades sanitarias deben dar explicaciones", critica. Sin ir más lejos, lo demuestra el caso de la residencia de Tremp (Pallars Jussà), donde murieron 60 ancianos por coronavirus. Muchos de ellos fallecieron dentro del geriátrico y otros fueron trasladados al hospital comarcal del Pallars, a escasos metros del geriátrico, donde acabó falleciendo. No se planteó ningún traslado en centros buffer, a pesar que en la misma comarca, en el municipio de la Pobla de Segur, había una residencia con 16 camas disponibles, y en Guissona otra con 19 camas. "Un milagro" para conseguir un traslado Otro responsable de un geriátrico, que además es médico, confirma esta visión. "Para conseguir un traslado teníamos que conseguir un milagro: o montabas un escándalo en los medios de comunicación o tenías que tener buenos contactos y estar bien relacionado", asegura. Lo cierto es que eran los delegados de Salut en cada área sanitaria, apoyados en los profesionales del CAP o los equipos especializados, los que decidían los traslados a los centros 'buffer'. "Nos decían que se priorizaban casos más graves de residencias que no podían hacer aislamientos, pero vistas las bajas ocupaciones no entiendo porqué no usaron esas camas, es un escándalo", asegura. Otros directores afirman que sí que les ofrecieron este servicio, pero lo denegaron. "Me daba miedo que se enteraran la prensa, o los familiares, y diera la sensación que éramos incapaces de controlar la situación, daba mala imagen", asegura otra directora de un centro. Según esta fuente, la tasa de inutilización de las residencias 'buffer' era un secreto a voces. "Se comentaba bastante entre los directores de la zona que no se usaban todas las plazas", agrega. "El tema es que fue un dinero público que se gastó en un servicio que, visto lo visto, no sirvió de mucho. Pero los gastos en las residencias se dispararon y muchos sobrecostes los tuvimos que afrontar con ahorros y créditos", lamenta otra directora de una residencia del Garraf. Las asociaciones de familiares hablan de "escándalo" "Es un escándalo más, un caso de presunta malversación de fondos públicos en toda regla", explicaron esta esta mañana Azahara Galera, una de las portavoces de la plataforma Moviment Residències Catalunya, que agrupa familiares y trabajadores del sector de la dependencia. "No nos sorprende que haya gato encerrado porque la Generalitat ha llevado este tema de los centros 'buffer' con mucho oscurantismo", añadió Galera. La plataforma ha emitido un comunicado en el que acusa a la Generalitat de no tener suficientes herramientas para comprobar si el gasto de los centros fue correcto. "La Administración debe velar para ver donde ha llegado el dinero y no se ha hecho. Por más irregularidades y sanciones, las empresas siguen gestionando esos geriátricos", se queja, y pide un "cambio de modelo para que la atención a los más vulnerables deje de ser un negocio para grandes empresas". "Lo que tienen que hacer es dar explicaciones a la ciudadanía, al parlament y ver que responsabilidades hay que tomar. Las residencias están en una situación penosa, de falta de personal y ratios, y hubo quien se llevó mucho dinero público que no sirvió para nada. Como mínimo alguien no ha hecho bien su trabajo", se ha quejado Maria José Carcelén, portavoz de la coordinadora de residencias 5+1. Por su parte, el grupo parlamentario del PSC anunció que va a pedir explicaciones a la 'exconsellera' de Salut Alba Vergès y a su entonces homólogo de Afers Socials, Chakir El Homrani, que fueron los primeros en licitar estos servicios. Lo harán, detalló el diputado Raúl Moreno, en la comisión de Drets Socials, dentro del grupo de trabajo que en los próximos meses deberá investigar qué falló en las residencias catalanas durante el coronavirus y qué debe cambiar en el sistema de la dependencia. "Es un servicio sobredimensionado por el que hay que dar explicaciones", ha dicho el socialista. "Es un escándalo y demuestra la situación dramática de la perversión del modelo de las residencias en Catalunya: está en manos privadas y la administración no es capaz de fiscalizar ni tener control del dinero público invertido, especialmente en un momento de máximo drama para la atención de personas muy vulnerables", se ha quejado también la diputada de la CUP Laia Estrada. El partido anticapitalista también ha pedido la comparecencia de los actuales 'consellers' de Salut y Drets Socials, así como de sus antecesores, pero en una comparecencia abierta. También ha presentado preguntas parlamentarias sobre el tema y tiene previsto encuestar a los 'consellers' el miércoles en el pleno del Parlament.

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