La decisión del Ministerio de Igualdad de reformar la ley del aborto para crear una norma que no solo garantice el derecho a interrumpir el embarazo en la sanidad pública, sino que amplíe y refuerce los derechos sexuales y reproductivos ha causado cierto malestar entre los profesionales sanitarios. El Colegio de Médicos se ha pronunciado en contra de que se limite el derecho a la objeción de conciencia a sobre la práctica de abortos y de la inclusión en la ley, como una forma de violencia sobre la mujer, de la llamada violencia obstétrica, que consiste en la práctica de tratamientos injustificados durante el parto.