La Conselleria d'Interior no citó en su investigación reservada a los jefes de los Bombers de la Generalitat ahora imputados por las supuestas irregularidades en la facturación del mantenimiento de los vehículos del cuerpo. Por lo tanto, no se les pidieron explicaciones ante las anomalías detectadas antes de presentar la denuncia ante la fiscalía que, a su vez, la trasladó al juzgado. El proceso judicial está abierto por presunta malversación, prevaricación y falsedad documental.
Dos de los encausados, el hasta hace poco jefe del servicio técnico Màxim del Valle y su superior Antonio Ramos, expresaron este viernes ante la jueza que investiga el presunto fraude que están “molestos” porque desde Interior no se les pidió información y podían haber aclarado algunos conceptos. Al ser interrogados por los motivos de no ser preguntados por Interior, los dos bomberos dedujeron que en departamento había prisa para cerrar el expediente interno por el cambio de ‘consellers’ (Joan Ignasi Elena relevó a Miquel Sàmper).
Facturas bajo sospecha
Durante su declaración judicial, los dos imputados cargaron contra la investigación de los Mossos y argumentaron que los agentes no han tenido en cuenta determinados aspectos a la hora de analizar la documentación. Un ejemplo, en las facturas se incluían dos o tres reparaciones de un vehículo, lo que no significa, según su versión, que se cobre por duplicado o triplicado el mismo arreglo, sino que eran distintos. Estos inspectores del cuerpo precisaron que si se hubiera mirado los albaranes, en ellos se habría comprobado la realidad. Es decir, que se hicieron varias reparaciones al mismo camión en diferente día. Incidieron que el contrato para el mantenimiento de los vehículos tiene un presupuesto justo (se acaba antes de finalizar el año) para una flota de camiones vieja.
Otra irregularidad apuntada por los Mossos es que el código de los vehículos no coincidía con las matrículas. Del Valle aclaró que cuando un camión cambiaba de parque también se le renueva ese código y no siempre es el mismo. Este inspector también ha sido preguntado por la decena de viajes que hizo a Sevilla, sede de la empresa Iturri, adjudicataria del servicio, aunque la magistrada ha descartado que hubiera enriquecimiento personal. Este exjefe de servicio afirmó que eran para probar material y que en los contratos se especifica que estos desplazamientos corrían a cargo de esta compañía.