La nueva ley de Formación Profesional -aprobada ayer en el Senado con el único voto negativo del PP- es la guinda de la revolución que está viviendo la FP desde 2018, un empeño personal de la exministra Isabel Celaá, que, de hecho, cambió el nombre de la institución para bautizarla como Ministerio de Educación y Formación Profesional. La actual titular, Pilar Alegría, ha recogido el testigo y asegura que la norma supone una puerta abierta a empleos de calidad para los jóvenes y no tan jóvenes. Estas son las principales novedades de un texto, que tiene el clarísimo objetivo de la incorporación al mercado laboral de los graduados.