Catalunya tendrá zonas de bajas emisiones en todas las ciudades de más de 20.000 habitantes en 2025

En un sesudo documento rebosante de verbos de escasa acción -como 'promover', 'planificar', 'actualizar', 'estudiar', 'evaluar', 'analizar', 'mejorar', 'prever' o 'definir'- llama la atención un destello en la página cuatro. Concreción: "Asumimos el compromiso de trabajar para la implementación de zonas de bajas emisiones (ZBE) en todos los municipios de más de 20.000 habitantes antes de terminar el año 2025". Luego viene una larga lista de pormenores, moratorias y perdones, pero ahí queda ese juramento político que este viernes refrendarán las principales instituciones públicas y sociales de este lado del Ebro, bajo el título 'Acuerdos por la calidad del aire de Catalunya'. Lo firmarán en el Palacio de Pedralbes de Barcelona tras una cumbre -la tercera que aborda la crisis climática en la región- breve en el tiempo pero extensa en cuanto a objetivos. La música sonará muy familiar para los ciudadanos de Barcelona y su entorno metropolitano, puesto que llevan ya algo más de dos años conviviendo con una ZBE que ha logrado evitar muchos desplazamientos contaminantes (609.000 diarios, según el ayuntamiento) pero que todavía no ha conseguido desencallar el principal reto de la movilidad contemporánea: conseguir que un automovilista se pase a medios más sostenibles. Y no, el coche eléctrico no cuenta, porque el debate tiene dos lados, el de la contaminación, y eso se salva en buena parte al pasar de la batería al combustible, y el de la congestión y abuso del espacio público por parte de los vehículos privados, y ahí da igual un vatio que un diésel. En resumidas cuentas, y de ello no da mucha concreción el documento que se firma este viernes, siguen faltando alternativas eficientes de transporte público para seducir a los conductores. Falta mucha, muchísima infraestructura. Algunos, por los pelos Si se cumple el compromiso, a finales de 2025 un total de 67 municipios tendrán un perímetro vetado a los autos más sucios. Por esas fechas, es probable que, además de lo que no tienen etiqueta de la DGT, también se empiece a hablar de los que van con la etiqueta amarilla y forman parte del grupo Euro 4 (modelos diésel entre 2006 y 2013). A parte de las otras tres capitales de provincia y las ciudades que se puedan imaginar del Vallès, Baix Llobregat o Maresme, también están localidades que superan por escaso margen los 20.000 habitantes, como Banyoles, Manlleu, Palafrugell, Olesa de Montserrat o Amposta. En el caso de Sant Quirze del Vallès, con convencer a 157 vecinos de que se empadronen en su segunda residencia (los que dispongan de ella) o en casa de un primo cercano les bastaría para quedar fuera del corte. Según la normativa estatal vigente, los municipios con más de 50.000 censados (23, en el caso de Catalunya) deberían tener operativa la ZBE antes de 2023, algo que, a estas alturas de 2022, parece muy difícil que vaya a cumplirse si se tiene en cuenta que Barcelona presentó la suya en 2017 pero no la puso en marcha hasta 2020. La misma ley española de cambio climático establece que los municipios de más de 20.000 habitantes también deberán implementar perímetros de tráfico si superan los valores límite de calidad del aire que marca la Unión Europea. Ahí es donde la cumbre catalana "da un paso adelante" universalizando la ZBE a todo este grupo de ciudades que podrían, en función de los humos que respiren, evitarse la medida. Despliegue "flexible" La hoja de ruta catalana es la siguiente. Para los municipios de más de 50.000 habitantes, el ámbito de aplicación del control perimetral estará definido en el primer semestre de 2023. Un año después, como muy tarde, el trabajo también debería estar terminado en los de más de 20.000. Todos deberán contemplar "una visión flexible para que se puedan adaptar a la amplia variedad de situaciones". O lo que es lo mismo, habrá moratorias y transiciones, que todavía deben concretarse, para transportistas, transporte público o demás peculiaridades que los consistorios vayan detectando y amoldando a la zona de bajas emisiones. El documento, porque se supone que ese es un trabajo que cada municipio deberá hacer de manera independiente, no concreta para nada qué medidas alternativas hay sobre la mesa para que la movilidad privada bascule hacia el transporte colectivo. Se habla, de manera genérica, de "gestión del aparcamiento, aumento de las plazas de enlace en puntos estratégicos de intercambio modal ('park&rides'), mejora de la accesibilidad y de la oferta de transporte público o gestión de mercancías". Todo eso son detalles y futuras mejoras que, en una predicción poco científica, situa 2030 como posible fecha en la que todo esté más o menos terminado y en marcha. En el caso de Barcelona, a principios de semana el concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica, Eloi Badia, avanzaba que los próximos vehículos en quedar fuera de la ZBE de la gran metrópolis serán los de etiqueta amarilla Euro 4, mucho más contaminantes, dijo, que los Euro 5 y Euro 6. Aclaró, sin embargo, que todavía no hay calendario. También informó de que el consistorio había cerrado durante 2021 casi 70.000 expedientes sancionadores a vehículos sin etiqueta que entraron a la ciudad. Sobre eso, la capacidad punitiva, el documento firmado este viernes no concreta nada. Lo que sí deja claro, es que habida cuenta de que serán muchas las ciudades implicadas, la señalización, los horarios y los usos deberán ir acompasados para no volver locos a los conductores. Sin obligaciones En las 15 páginas del acuerdo también hay referencias a la bicicleta (conectar tramas urbanas con polígonos del entorno, instalar más plazas para poder dejarlas en estaciones de bus o metro...) o el transporte colectivo. En este segundo punto, se señala el despliegue de la "nueva red BRCAT" (los conocidos, en inglés, como bus rapid transit), una malla de buses rápidos "que conectan las distintas redes transporte existentes en las principales zonas urbanas del país"; la instalación de más carriles bus, y otros elementos ya previstos y, en teoría, con calendario, como el tramo central de la L9 o la unión de las líneas de FGC del Llobregat con las del Vallès que la prolongación de la L8 desde Espanya hasta Gràcia.Se habla también de reparto de mercancías y de racionalizar el uso del vehículo privado, pero sin grandes concreciones. Los agentes económicos y sociales (entre los firmantes no aparece Foment del Treball pero sí PIMEC y los sindicatos) tienen su capítulo a parte. Promoverán renovación de flotas, apostarán por el teletrabajo, tratarán de desatascar las horas puntas de movilidad con horarios más flexibles y potenciarán la digitalización. Pero nada que les ate o les obligue a algo concreto. Lo mismo con el puerto y el aeropuerto, que también darán pasos a favor de energías más limpias pero sin renunciar a las rutas más cortas que tengan alternativa ferroviaria, por ejemplo, o a vetar los cruceros más contaminantes. Todo esto, si no hay marcha atrás, se firmará en el marco incomparable del Palacio de Pedralbes. Y más adelante, si se cumple lo pactado, se irá revisando en la Mesa de Calidad del Aire de Catalunya que debería tomar forma a corto plazo. Una especie de 'Gran Hermano' de la emergencia climática, pero sin echar a nadie.

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