El obispado que se inmatricula bodegas en el Penedès

A los que crean que todas las noticias sobre inmatriculaciones de la Iglesia se parecen como gotas de agua, es decir, que la entradilla, el desarrollo y el final suelen presentar la misma felonía, la historia que aquí se contará es un antídoto contra esa creencia. En esta ocasión lo inmatriculado, entre otra propiedades ajenas, es la bodega de una finca agrícola, eso con la excusa de que encima de esa estancia está el despacho de la rectoría de una coquetona iglesia del Penedès. Si incluso así creen que, ¡bah!, tampoco hay para tanto, que por ejemplo más gordo fue inmatricularse en su día la Mezquita de Córdoba por solo 30 euros de trámites documentales, queda dicho de antemano que en esta historia hay, en palabras de la propia Iglesia, párrocos con concubinas y “fornicatur publice”, o sea, aunque dicho en latín, sexo a la vista de todos. A ver quién da más. La disputa ha saltado esta vez en Sant Sebastià dels Gorgs, uno de los minúsculos pueblos que forman el término municipal de Avinyonet del Penedès. Isidre Hugas, cabeza de familia de Ca l’Isidret, como se conoce a su hogar en el pueblo, recibió una desconcertante carta con el sello oficial del obispado de Sant Feliu, del que depende la parroquia local. Es un sello curioso. Montserrat al fondo, a la derecha un racimo de uva que pende de una hoja de parra y a la izquierda lo que parece ser un ‘calçot’ sobre una parrilla. O a lo mejor es una costilla. Más curioso era el motivo de la misiva. Xavier Armengol Siscares, delegado diocesano de Patrimonio, invitaba a Isidre a Hugas a resolver una supuesta disputa por la titularidad de algunas porciones del antiguo monasterio de Sant Sebastià dels Gorgs, disputa de la que el afectado, he aquí lo raro, no sabía ni siquiera que existiera. No está bien abusar periodísticamente de la expresión ‘kafkiano’, pero en este caso lo era. “Le reitero mi petición de poder vernos personalmente a fin de materializar su deseo y cerrar satisfactoriamente el caso para nuestros mutuos intereses”, se despedía en la carta el delegado diocesano. Vamos, que acaba de descubrir solo un par de párrafos antes que parte de sus propiedades, entre ellas el ‘celler’ de casa, eran reclamados por la Iglesia y, no solo eso, daban por hecho que su “deseo” era resolver ese contratiempo. Comenzó así un litigio judicial emprendido por Hugas y que ha dado pie a un magnífico duelo de documentos añejos que, parece, ha hecho las delicias de la jueza de Vilafranca del Penedès encargada del caso. La justicia le ha dado la razón sin peros ni matices a la familia Hugas, que vaya eso por delante. Lo interesante es la artillería argumental que cada parte llevó a la sala de vistas. “Mi padre me lo advirtió para el día en que él ya no estuviera. Me mostró una caja y me dijo que, por si pasaba algo, ahí dentro estaban los papeles de la casa”. ¡Y qué papeles! Abrió la caja porque de repente parecía necesario hacerlo. Cabe suponer que su padre, también Isidre, se lo dijo por si venían los rojos y se apropiaban de la finca, pues el recuerdo de la guerra civil está aún muy vivo en la tradición oral del Penedès, pero, lo que son las cosas, al final quien vino era la Iglesia. El tatarabuelo del actual cabeza de familia, Jaume Hugas, parece que fue a principios del siglo XIX tan hábil artesano como comerciante. De América llegaban unas maderas estupendas para hacer barricas que él, una vez trabajadas, llenaba de vino y mandaba de regreso al otro lado del Atlántico. Con los ahorros de esa labor en el banco o donde fuera, vio pasar por delante una oportunidad de las que solo se dan una vez en la vida, y a veces ninguna. La desamortización de bienes eclesiásticos de 1821 fue una oportunidad para sacar España del medioevo económico, y fue así como la familia Hugas se hizo con la propiedad del antiguo convento benedictino de Sant Sebastià dels Gorgs. Las escrituras que Isidre sacó de la caja, fechadas en 1849, son una preciosidad documental y, a la par, un argumento inapelable que delimita perfectamente los límites del domicilio particular de la familia, que incluyen, por ejemplo, un pasillo de paso cuyo uso que cedieron generosamente para que se pudiera visitar más cómodamente un claustro que había sido desatendido por la iglesia durante décadas. “Sí, aquí, cuando yo era niño, se guardaban las cabras”. La historia de las inmatriculaciones de la Iglesia es conocida por muchos y, también por bastantes, más aún, sufrida. Fue un disparate legislativo de la época de José María Aznar como presidente del Gobierno el que otorgó a las autoridades eclesiásticas españolas algo así como poder notarial para inscribir a su nombre propiedades sin que ese trámite requiriera el oficio de un profesional de ese ámbito. Han sido inmatriculados así miles de terrenos y edificaciones, un abuso cometido a menudo gracias a que los documentos que acreditan una propiedad pueden haberse extraviado por vicisitudes históricas o su localización puede ser extremadamente compleja. No era este el caso de los Hugas. La cuestión es que, llegado el momento de poner en el otro plato de la balanza de la justicia una prueba que pesara más que las escrituras de 1849 que aportó la familia, los abogados del obispado echaron mano de lo que podría calificarse como un explosivo de metralla, de aquellos que nunca queda muy claro de antemano a quién va a herir. Quiso acreditar el obispado que aquel lugar era un centro de culto desde mucho antes de que los Hugas se establecieran en Sant Sebastià dels Gorgs, algo que en realidad nadie discutía, pero aún así incorporaron a la causa un documento fechado en el año 1303. El texto está en latín. La traducción depara una mezcla de desconcierto, pasmo e hilaridad. El 3 de julio de 1303, el obispo, a raíz de una visita al monasterio de Sant Sebastià, abrió una investigación en la que, a través de un canónigo de Barcelona, Raimundum Emili, y su notario, Raimundum Dachs, interrogaron con gran escándalo a cinco feligreses de la parroquia local. “Juramentaron que Bernardus Mateu, rector de esta iglesia, tiene públicamente una mujer llamada Nicholaia en esta villa libre, de la cual tuvo descendencia e incluso una hija viviendo de un año y medio”. “El rector lo confesó”, añade el texto a continuación. Esa contravención del celibato le costó al rector el equivalente a 30 sueldos que debería abonar para pagar las obras de la iglesia de Barcelona, además de quedar advertido ante notario de que “si volvía con esa concubina o con otra mujer podría perder sus beneficios eclesiásticos”. Lo desopilante es que, en una suerte de versión medieval de ‘Sálvame’, la misma misión diplomática aprovechó para afear otras conductas de vecinos del lugar. “Michael de Marteris fornicó públicamente con Guillemona, la niñera de Guillemón de Subirats”. “Berenguer de Salada también fornicó públicamente con Maria de Solano”. “Pere de Cartero tiene como esposa la hija espiritual de su padre”. Las promiscuidades de hace ocho siglos fueron exhibidas en un juzgado de Vilafranca del Penedès por el obispado de Sant Feliu para defender una inmatriculación. La jueza desestimó los argumentos de la Iglesia, una institución que recientemente ha admitido que tal vez ha cometido excesos en su afán inmatriculador. Sin embargo, en el caso de San Sebastià dels Gorgs, los abogados del obispado han decidido recurrir ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Por eso pueden ustedes leer esta historia aquí, porque la familia Hugas no sale de su asombro y quieren que se sepa.

El obispado que se inmatricula bodegas en el Penedès

Una familia de Sant Sebastià dels Gorgs (Penedès) derrota a la Iglesia en los juzgados con un duelo de documentos sin parangón, sobre todo los eclesiásticos, por lúbricos

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