El mayor escándalo inmobiliario de la historia de España ocurrió mientras todos miraban hacia otra parte. Todos, salvo la Iglesia. En 1998, con José María Aznar en la Moncloa, el Gobierno aprobó un real decreto que permitía a los obispos registrar como propios, mediante su sola palabra y sin necesidad de aportar ningún documento, los templos de culto. Ni siquiera Francisco Franco había llegado tan lejos: la dictadura autorizaba a las diócesis a hacer lo mismo con el resto de bienes inmuebles, un acto que se denominó inmatriculación, pero no con los templos. Así que los prelados, entre finales del siglo pasado y 2015, cuando el Ejecutivo de Mariano Rajoy derogó esta excepcional facultad, se entregaron a un pantagruélico 'me lo quedo' que incluyó iglesias, ermitas, catedrales, el arte mudéjar, la Giralda de Sevilla y la mezquita de Córdoba.