El Gobierno propone acabar con las macroresidencias y las sujeciones de los ancianos

El Ministerio de Derechos Sociales está ultimando un acuerdo con los sindicatos y la patronal de las residencias de ancianos que busca que estos centros sean lo más parecido a un hogar, se reconozca el derecho a la intimidad de los residentes y se acabe con las polémicas sujeciones, ya sean físicas, mecánicas, químicas o farmacológicas. Los cambios vienen motivados porque los primeros meses de la pandemia pusieron de manifiesto que la atención en los geriátricos es francamente mejorable. El sector y las familias llevan pidiendo más personal y mejores cuidados desde hace una década pero sus demandas han caído en saco roto hasta que la llegada del virus ha puesto el problema en la agenda de todas las administraciones. Sin embargo, el parlamento catalán es la única institución de España que va a investigar que sucedió durante el confinamiento duro en las residencias, donde han muerto un tercio de los fallecidos por coronavirus. Pero, las medidas que se aprobaron en Catalunya en un pleno monográfico en 2020, aún siguen siendo papel mojado. Las sujeciones Por otro lado, se ha abierto una negociación del Gobierno con expertos, la patronal y los sindicatos para establecer unos requisitos mínimos que está bastante avanzada, según fuentes de Derechos Sociales, y en breve será sometida a la aprobación de la conferencia sectorial, puesto que son las comunidades las que tienen las competencias y pueden ampliar o completar los requisitos que se aprueben. A la mesa del diálogo social Derechos Sociales ha llevado un documento, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, que propone que en un plazo máximo de tres años se acometa la "supresión total" de las sujeciones físicas, mecánicas, químicas o farmacológicas. La propuesta llega después la muerte de una persona asfixiada por las correas en un centro residencial de Madrid. El documento contempla el uso de sujeciones sólo en situaciones "excepcionales y de urgente necesidad", en las que exista un "peligro inminente" para la persona usuaria, los cuidadores o terceras personas siempre que se haya constatado el fracaso de otras medidas. Más personal Asimismo, la propuesta de Derechos Sociales aumenta el número de inspectores a 1 por cada 25 centros y mejora el ratio de personal al subirlo a 0,43 por residente, lo que supone para una unidad de convivencia de 15 personas cinco trabajadores. Otra de las grandes novedades del acuerdo de requisitos mínimos es la limitación de plazas. De aprobarse se acabaría con las macroresidencias, dado que las de nueva construcción deben tener como máximo 90 plazas, en unidades de convivencia de 15 personas. Y las residencias ya construidas deben hacer obras para sectorizarlas en espacios como mucho de 90 personas (en un plazo de 7 años). Para los centros residenciales de personas con discapacidad, el límite son 50 plazas. La intimidad El propósito del Gobierno es que la vida en estos centros sea lo más parecido a un hogar, donde las unidades de convivencia tengan un equipamiento y estructura similar a la de las viviendas y donde se proporcione a los ancianos los apoyos que necesitan para su vida cotidiana. "Un modelo donde las preferencias, el estilo de vida y los derechos de cada persona estén en el centro", según explican desde Derechos Sociales. Por último, la propuesta avanza hacia el reconocimiento del derecho a la intimidad al proponer que un 35% de las habitaciones en las residencias actuales sean individuales y un 65% en las de nueva construcción. Asimismo, se promoverá que los geriátricos estén ubicados en suelo urbano, para evitar situaciones de soledad no deseada.

El Gobierno propone acabar con las macroresidencias y las sujeciones de los ancianos

El Ejecutivo busca un acuerdo con el sector destinado a que los geriátricos sean parecidos a los hogares y donde no se ate a los residentes

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