Así han investigado otros países la pederastia en la Iglesia

La creación de una comisión para investigar los abusos sexuales menores en España llega después de que muchos otros países lleven años indagando en los casos de pederastia eclesial. Desde Irlanda y Estados Unidos, que fueron los primeros en poner sobre la mesa el asunto a principios de este siglo XXI, hasta Francia, que recientemente ha hecho públicos los datos de sus pesquisas internas, han sido varios los gobiernos que han investigado estos casos. Muchas veces (en la mayoría) han sido los medios de comunicación, como hizo EL PERIÓDICO con el 'caso Maristas', los que han puesto el primer foco de luz sobre ello. Irlanda El caso de Irlanda es especialmente dramático. La Iglesia Católica controló las instituciones en el país durante décadas y los abusos se contaron por miles. Ha habido varias investigaciones en la República, como el 'Informe Murphy', en el que se examinaron 320 acusaciones. La Institución Histórica para la Investigación de los Abusos se ocupó de lo ocurrido en Irlanda del Norte entre 1922 y 1995. Más de 1.300 sacerdotes irlandeses han sido acusados de abusos de menores, pero menos de una décima parte han sido condenados en los tribunales. En Inglaterra existe desde el 2014 la Comisión Independiente sobre Abusos Sexuales Infantiles (IICSA), un organismo financiado por el Ministerio del Interior británico dedicado investigar este tipo de delitos. En 2020 la Comisión publicó un informe sobre abusos de la Iglesia Católica ocurridos a lo largo de 45 años en dos abadías y sus correspondientes colegios en la archidiócesis de Birmingham. “Entre 1970 y 2015, la Iglesia Católica Romana recibió más de 900 quejas, en las que se relataban más de 3.000 casos de abusos sexuales a menores perpetrados sobre más de 900 personas que tenían relación con la Iglesia, incluidos sacerdotes, monjes y voluntarios”, señala la ICSA. Los responsables eclesiásticos “barrieron bajo la alfombra las alegaciones” para salvar la reputación de la institución. Muchos de los acusados fueron juzgados y condenados en tribunales civiles. La Iglesia de Inglaterra, en un país de mayoría protestante, también se ha visto afectada por los escándalos. Entre 1940 y hasta 2018, un total de 390 personas del clero en Inglaterra o tenían puestos de confianza en la iglesia han sido procesadas por abusos sexuales contra menores, de acuerdo a la IICA. BEGOÑA ARCE Vaticano Después de décadas en las que El Vaticano evitó afrontar los escándalos de abusos sexuales del clero, los encubrió y desoyó las acusaciones de las víctimas, el papa Benedicto XVI fue el primero en abrir el asunto en 2010. Fue entonces cuando la Santa Sede decidió endurecer sus leyes contra los sacerdotes culpables de estos delitos. La última medida de envergadura remite a junio del año pasado, cuando el Vaticano anunció una histórica reforma de su Código de Derecho Canónico, que codificó muchos los avances legales que se han ido produciendo en estos años, después de que Francisco afirmara que este era una de los asuntos prioritarios a resolver durante su Pontificado. En este marco, desde 2014, el Vaticano posee la Pontificia Comisión para la Tutela de Menores (PCPM), un organismo que nació también con víctimas y expertos externos como miembros y cuya principal misión es la de promover que las Iglesias de cada país desarrollen iniciativas para evitar y prevenir los casos de pederastia. No obstante, el grupo también ha tropezado en el camino, como demostró el episodio de Marie Collins, víctima de abusos de un sacerdote a los 13 años y que dimitió de su puesto en este comité alegando que la Curia romana obstaculizaba el trabajo del organismo. El actual presidente de la PCPM es el cardenal y arzobispo de Boston Sean O’Malley, mientras que uno de sus mayores expertos es el psicólogo jesuita Hans Zollner. Este último es quien recientemente ha recomendado la creación de un comité independiente para los casos españoles, según dijo en una entrevista con el diario 'El País'. IRENE SAVIO Francia El ejemplo de la comisión francesa Sauvé ha inspirado la decisión de La Moncloa de investigar los abusos sexuales en la Iglesia a través de un órgano independiente. La Iglesia francesa impulsó en 2018 la creación de la Comisión Independiente sobre los Abusos Sexuales en la Iglesia (Ciase) en respuesta al caso del sacerdote Bernard Preynat, que también salpicó al cardenal Barbarin. El nombre de pila de este mediático organismo se debe a su presidente, Jean-Marc Sauvé. Publicado en octubre del año pasado, el informe final de esta comisión supuso todo un terremoto en el catolicismo francés. Reveló que 216.000 menores fueron agredidos por sacerdotes y religiosos en el país vecino desde 1950. La cifra asciende hasta 330.000 si se tienen en cuenta a los laicos que trabajaron en instituciones religiosas. La Ciase inició sus trabajos en febrero de 2019. Además de evaluar el alcance de los hechos, los 22 expertos que la compusieron (abogados, teólogos, psicólogos, historiadores, etc.) evaluaron la respuesta de la Iglesia y formularon propuestas para reconocer el dolor de las víctimas y evitar otros casos. Un mes después de la publicación de ese devastador informe, el estamento eclesiástico anunció sus primeras medidas para hacer frente a esta lacra “sistémica”. La más destacada de ellas fue que recurrirá a sus propios medios, incluido su oneroso patrimonio, para indemnizar a las víctimas de estas agresiones sexuales. También pidió al papa Francisco que envíe a “alguien de su confianza” para supervisar esta tarea de reparación del dolor sufrido. Y decidió crear grupos de trabajo para reflexionar sobre la “gobernanza diocesana”. ENRIC BONET Estados Unidos El muro de silencio sobre la pederastia cometida en el seno de la Iglesia Católica en Estados Unidos empezó a caer en Estados Unidos en 1985 con las revelaciones periodísticas sobre los abusos del padre Gilbert Gauthe y el encubrimiento de la diócesis de Luisiana. A partir de entonces más denuncias de víctimas e investigaciones de prensa y, especialmente, la serie publicada en 2002 por el 'Boston Globe' (un caso recogido en la oscarizada película 'Spotlight'), hicieron que ese muro se derribara definitivamente. El escándalo llevó aquel mismo verano a la Conferencia Episcopal estadounidense a crear un documento centrado en la protección de niños y jóvenes y un panel nacional de revisión de casos. Y desde entonces el goteo de acusaciones ha sido incesante y también las demandas e investigaciones, en la inmensa mayoría de los casos abordadas por instancias estatales y locales y ante la justicia civil. Solo en 2018, el mismo año en que una investigación puesta en marcha por el fiscal general del estado de Pensilvania concluyó con la presentación de un demoledor informe sobre los abusos en esa comunidad, el gobierno federal entró de forma más contundente en la cuestión. Ese año el Departamento de Justicia envió una petición a todas las diócesis del país urgiéndoles a que no destruyeran documentación potencialmente importante para los casos. Entre 2004 y 2020 diócesis y órdenes religiosas católicas en EEUU se han gastado 4.300 millones de dólares en costes vinculados a los abusos, la mayoría en pagos a víctimas y a abogados. 31 diócesis y órdenes religiosas del país se han reorganizado bajo ley de bancarrota. Algunos estados han cambiado sus leyes para dar más tiempo a las víctimas a presentar denuncias antes de que prescriban los delitos. Grupos como SNAP (siglas en inglés de la Red de Supervivientes de los Abusados por Sacerdotes) o BishopAccountability.org mantienen viva la atención y denuncia del problema y aunque no hay una lista oficial con los nombres de los miembros del clero acusados (y no todas las diócesis cumplen con las directivas de la propia conferencia episcopal) la web de investigación ProPublica tiene una base de datos. IDOYA NOAIN Italia Italia es, junto a España, uno de los pocos grandes países europeos en los que hasta ahora no se ha creado una comisión para investigar los abusos sexuales a menores cometidos por la Iglesia católica. De hecho, solo a finales de este pasado enero, el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana (CEI), el cardenal Gualtiero Bassetti, se ha abierto a la posibilidad de poner en marcha un organismo que investigue los casos que han sido denunciados en el país. No obstante, aun antes de que este organismo se constituya y empiece a trabajar, el anuncio ha provocado polémicas. La razón es que Bassetti no ha respaldado abiertamente que se cree una comisión independiente como ya ha ocurrido en Francia o Alemania, lo que ha sido interpretado como una señal de que la Iglesia italiana se está planteando investigar las denuncias de manera interna. El cardenal Bassetti "parece estar preocupado por transmitir (la idea) de que la situación italiana es distinta, excepcional y positiva, y que el problema (en Italia) tiene un espesor y difusión menor que en otros lugares”, ha criticado el sociólogo Marco Marzano. Para Bassetti, “lo que hay sobre todo que evitar es el justicialismo, es decir, la tendencia a condenar el clero con demasiada dureza y rapidez”, ha añadido Marzano. El tema de los abusos tampoco ha sido objeto de grandes investigaciones periodísticas en Italia y, a menudo, los juicios en curso contra sacerdotes acusados de abusos han tenido escasa repercusión en la sociedad, como si el asunto aún fuera un tabú. Con todo, en la última década, han nacido o han ampliado sus iniciativas diversas asociaciones que también brindan asistencia legal a las víctimas, como la asociación y Caramella Buona y Rete L’Abuso. Esta, ante la inacción de la Iglesia italiana, decidió recientemente promover -junto a otras oenegés- la creación de un centro de coordinación llamado Italy Church Too (La Iglesia italiana también), que pide que “ir más allá del gran silencio”. IRENE SAVIO Portugal Tras varios meses de debates internos, la Conferencia Episcopal Portuguesa confirmó en noviembre del año pasado la creación de una comisión independiente para investigar los abusos sexuales a menores cometidos en el seno de la Iglesia desde 1950. La comisión, presentada oficialmente a mediados de enero, está dirigida por el psiquiatra Pedro Strecht y cuenta con un equipo de sociólogos, asistentes sociales y juristas, entre otros profesionales. Un equipo que goza de “total autonomía” y de la plena confianza de la Conferencia Episcopal, según el propio Strecht. La Iglesia ya ha mostrado su disponibilidad para abrir los archivos de las 21 diócesis del país, una pieza fundamental de la investigación, que será complementada con las noticias publicadas en la prensa, las denuncias registradas en las últimas décadas y los testimonios de las víctimas. Para recibir los testimonios, la comisión ha habilitado un número de teléfono, una dirección de correo electrónico y una página web. Desde su presentación oficial, el equipo ha conseguido recabar algo más de un centenar de denuncias. Una cifra que esperan aumentar en los próximos meses, aunque el objetivo, según los investigadores, es dar apoyo y atención a las víctimas que decidan contar los abusos, más allá del total de testimonios recogidos. La comisión tiene previsto presentar un primer informe en el plazo máximo de un año y derivará a la justicia los casos que no hayan prescrito. LUCAS FONT AMOR Australia Australia creó en 2012 una comisión gubernamental para indagar sobre los abusos sexuales a menores cometidos en instituciones religiosas y públicas, para así poder investigar la respuesta de las autoridades ante los abusos cometidos. En diciembre de 2018, la Comisión de Investigación Real, emitió un informe que tardó cinco años en salir a la luz, en el cual se responsabilizaba a la Iglesia Católica y a otros organismos públicos como principales causantes de los numerosos casos de pederastia en Australia. Para la realización de dicho informe, la comisión escuchó a más de 17.000 víctimas, de las cuales unas 8.000 explicaron en sesiones privadas sus casos de abuso que se remontaban hasta la década de 1920, y más de 4.000 aseguraron ser víctimas de abusos cometidos por más de 1.800 religiosos y sacerdotes entre 1980 y 2015. La comisión de Investigación Real, en consecuencia a los escalofriantes datos, implantó nuevas medidas para luchar contra el abuso de menores como recomendar a la Iglesia Católica levantar el secreto de confesión en casos de pederastia y eliminar el celibato. El expediente, además, reveló que un 7% de los sacerdotes católicos que trabajaron entre 1950 y 2010 en el país fueron acusados de abusos sexuales. En 2018 el comité australiano presentó 99 recomendaciones a las autoridades sobre cómo atender a las víctimas y anunció un plan de compensaciones económicas de hasta 150.000 dólares, financiado por los centros donde se cometieron los abusos. Sin embargo, la Conferencia Episcopal australiana se negó a forzar a los sacerdotes del país a revelar los abusos sexuales ya que, opinan, "va contra la fe y la libertad religiosa", una negativa que desoye las instrucciones implantadas por la comisión gubernamental de 2012. KELSEY ÁLVAREZ

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Comisiones de expertos, informes e indemnizaciones. Los abusos a menores cometidos por la Iglesia católica se ha abordado de distinto modo desde que Irlanda y EEUU iniciaran las primeras investigaciones hace ya dos décadas

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