Pueblos con empleo en la Catalunya rural, pero sin habitantes

El polígono industrial de Fonolleres es el sueño de cualquier alcalde rural. Casi una treintena de empresas se concentran en un amasijo de naves a los pies de la Autovía del Nordeste (A2), visibles desde los viejos castillos que coronan los pueblos diminutos de este rincón de la comarca leridana de la Segarra. El polígono da empleo a más de 300 trabajadores. Fabrican piezas para coches eléctricos, cisternas de carburante, bombillas de bajo consumo o contenedores de basura. Artilugios de una modernidad que ha pasado de puntillas por estos valles domesticados en terrazas que sirvieron de frontera entre el mundo cristiano y musulmán hace un milenio. Ese polígono industrial debería servir ahora de imán para la repoblación que piden a gritos los cinco pueblos del municipio, sino fuera porque el problema es algo más complicado. Ramón Cos vive con su madre octogenaria en La Mora. Son los dos únicos habitantes permanentes del racimo de casas de piedra que conforman el pueblo, donde no hubo agua corriente hasta los años 70. Por sus calles mudas, donde solo se escucha el trasiego del viento, despunta el rastro borroso de tiempos mejores. Aquí un viejo cartel de la oficina de teléfonos; allá un grabado en el dintel de una casa de 1892. “Me da mucha pena que el pueblo se haya vaciado”, dice Cos frente a la balsa donde recoge agua para sus campos de cereales, adornando sus palabras con un catalán salpicado de giros medievales. “Cuando yo era niño todas las casas estaban llenas. Se trabajaba en la agricultura y las familias tenían que turnarse para hornear el pan en el horno, pero se vivía en armonía”. La Mora es uno de los cinco pueblos del municipio impronunciable de Granyanella, situado a medio camino entre Tàrrega y Cervera. Entre todos ellos, solo cuentan con 145 habitantes empadronados, cuatro veces menos que a principios del siglo XX. Fue medio siglo después cuando el éxodo empezó a tomar forma, propulsado por la mecanización de la agricultura y la apuesta por el monocultivo de cereal, que apenas requiere mano de obra. Hoy ninguno de estos pueblos tiene fibra óptica o gas natural. Tampoco ambulatorio, panadería o si quiera un bar. Por no tener, no tienen ni cura. El de La Mora solo viene en la fiesta mayor o cuando alguno de los lugareños vuelve al pueblo para criar larvas en la misma tierra donde nació. Falta de vivienda “Es muy difícil levantar esto”, admite el alcalde, Jordi Portí, frente a los viejos pupitres recuperados de los tres colegios que llegó a tener el municipio, todos ellos cerrados hace décadas. Hoy se exhiben en el Ayuntamiento para honrar la historia de estos pueblos que se resisten a morir. “Uno de los principales problemas que tenemos para atraer gente es la falta de vivienda. Nos sobran casas vacías, pero sus amos no las quieren vender ni alquilar. Se las guardan por lo que pueda pasar y prefieren tenerlas cerradas a exponerse a un alquiler problemático”, dice el alcalde de Junts, quien lleva menos de un año en el cargo. La escasez de vivienda es un problema generalizado en la Catalunya despoblada. Las leyes urbanísticas no se hicieron pensando en sus pueblos, sino en los grandes núcleos urbanos y costeros. “Un pueblo de la Catalunya rural tiene las mismas restricciones urbanísticas que Salou o Lloret de Mar. ¿Te lo imaginas? Es una enorme losa para nuestro desarrollo”, dice Jaume Gilabert, el coordinador de Eines de Repoblament Rural, el lobi de alcaldes al que pertenece también Granyanella. En la ley de acompañamiento de los últimos presupuestos de la Generalitat se levantaron algunas restricciones, pero queda trabajo por hacer. Recargas sobre el IBI para las casas vacías “Nos iría de maravilla tener casas para los trabajadores del polígono. Pero no tenemos oferta ni terreno para construir. Tendríamos que reclasificar suelos y eso tiene que pasar primero por la Diputación de Lleida”, explica Portí. Una de las opciones barajadas por los alcaldes pasa por imponer recargas sobre el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a los propietarios de las casas vacías. Pero en pueblos como Granyanella es cuestionable que puedan ser efectivas. Por una casa de cuatro habitaciones en el pueblo se pagan 22 euros anuales de IBI. De modo que, aunque se impusiera una recarga del 100%, la suma seguiría siendo insignificante. El alcalde no quiere rendirse. Su Ayuntamiento sopesa como alternativa la compra de casas viejas para rehabilitarlas y ponerlas en alquiler, como están haciendo otros micropueblos. Pero necesita dinero, un bien escaso en los municipios más pequeños. El presupuesto de Granyanella se va en cosas como arreglar las recurrentes fugas de sus cañerías, que tienen más de medio siglo, o poner bancos en el cementerio. Portí también se plantea solicitar fondos europeos para instalar una planta fotovoltaica, que ayudaría con el alumbrado y serviría para generar nuevos incentivos para las empresas. Pero aun así le quedaría un escollo importante por resolver: la completa ausencia de servicios. “Los jóvenes buscan comodidad. Quieren tener el súper y el banco cerca de casa y aquí no tenemos nada de eso. Hay que coger el coche para todo. De ahí que los jóvenes prefieran vivir en Tárrega, Cervera o Igualada”, afirma el alcalde. Su recurrente pesadilla estriba en que algún día no queden luces encendidas en estos pueblos ni coches aparcados en sus veredas. “No queremos pueblos muertos ni pueblos fantasma. Hay que hacer algo y hay que hacerlo ya”.

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