Inmovilizan 78.000 mascarillas de una firma mallorquina por su baja protección

El Govern de Baleares ha incorporado en la Red de Alerta del ministerio de Consumo seis modelos de mascarillas higiénicas, evitando así su comercialización en el conjunto de la Unión Europea, debido a que la protección que ofrecen ante el coronavirus es muy inferior a la que exige la legislación. La empresa más afectada por esta decisión es precisamente la mallorquina Seyma Importació, que comercializa la marca Abbacino, a la que se le han inmovilizado unas 78.000 "mascarillas higiénicas" por el motivo antes señalado, al comprobar el Ejecutivo autonómico que en dos de sus modelos la protección que ofrecían a los que la portaban ni siquiera alcanzaba el 50%, cuando la normativa exige que ésta alcance el 90%. El director general de Consumo del Govern, Félix Alonso, defiende esta actuación recordando que la comercialización de sistemas de protección frente a la covid que en realidad no cubren esta función adecuadamente adquiere una importancia muy especial frente a un virus que ha conllevado numerosas muertes, y en mayor medida ante una cepa como ómicron, que resulta especialmente contagiosa. En este sentido, recuerda que una deficiencia en esta materia pone en peligro no solo al usuario de este producto, sino también a todos los contactos estrechos que mantiene. La Dirección General de Consumo lleva realizando controles sobre la calidad y etiquetado de las mascarillas desde que se inició la pandemia, lo que dio lugar a la inmovilización de 2,2 millones de unidades durante 2020, a las que se han sumado casi 167.000 más a lo largo de 2021. En muchos de estos casos, las deficiencias se han enmarcado en fallos de etiquetado, pero también los hay en los que tras analizar este producto, se ha detectado que el nivel de protección que ofrecen es claramente inferior al que se exige para el tipo de mascarillas que se ofrecen. En el marco de estos controles, durante el pasado año se detectó la comercialización en Baleares de mascarillas que no daban la suficiente protección al usuario de las marcas Abbacino, Jiji, Xula y Castelltort. Pero es la primera, con diferencia, la que registra el mayor volumen de unidades inmovilizadas. Los análisis encargados por el Govern dieron como resultado que la protección que ofrecían los dos modelos de Abbacino incluidos en la Red de Alerta era del 49,4% y del 47,8% respectivamente, muy lejos del 90% que se exige para comercializar uno de estos productos bajo la definición de "mascarilla higiénica". Un dato que se apunta desde la Conselleria es que frente al expediente abierto, la empresa Seyma, con sede en el municipio de Petra, no ha solicitado el análisis contradictorio al que tiene derecho en el caso de no estar conforme con los resultados del encargado por el Govern. En cualquier caso, sí se ha presentado un recurso en contra de la inmovilización de sus mascarillas y de la inclusión de dos modelos en la Red de Alerta. La venta de mascarillas Abbacino ha sido muy importante durante la pandemia, e incluso la empresa Seyma ha recibido reconocimientos por su capacidad para reciclarse ante la pandemia para comercializar este producto. Lo que la investigación del Govern ha detectado es que el material fue fabricado en Mataró. Más marcas en la Red de Alerta Como se ha indicado, desde la Administración balear se han introducido en la Red de Alerta del Ministerio otras marcas de mascarillas que tampoco alcanzaban el nivel de protección exigible para este producto, pero sin un volumen de unidades inmovilizadas tan acentuado. En el caso de la marca Jiji, las unidades afectadas se sitúan en torno a las 2.300, mientras que en la de Castelltort esa decisión solo ha alcanzado a 45. Por lo que respecta a las mascarillas Xula, no hay ninguna inmovilizada pese a que su protección no llegaba al 15% porque la empresa que las vendía en la isla retiró los modelos afectados y los sustituyó por otros.

Inmovilizan 78.000 mascarillas de una firma mallorquina por su baja protección

Dos modelos de la marca se han incluido en la Red de Alerta del Ministerio de Consumo para evitar su comercialización en la UE

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