Begur se queda solo en su oposición a la protección de suelos en la Costa Brava

Al visitante primerizo le costará encontrarle algún pero a Begur, una de las delicias que se asoman al litoral ampurdanés de la Costa Brava. Sus calles angostas, sus torres vigía y sus vertiginosas calas cristalinas deslumbran sin remedio al viajero. Pero Begur también encarna algunos de los males del urbanismo de las últimas décadas: desde la proliferación de urbanizaciones aisladas a la sobreabundancia de segundas residencias, el 64% de todo su parque inmobiliario. Con tan solo 4.200 habitantes, su población llega a multiplicarse por 10 durante el verano, cuando las villas esparcidas por sus lomas se llenan de veraneantes. Un entramado inconexo que perturba algunos corredores biológicos esenciales para la preservación del ecosistema, según los ecologistas. El Plan Director Urbanístico de Revisión de Suelos no Sostenibles del Litoral de Girona, aprobado en enero de 2020 tras casi dos años de tramitación, prescribió casi una veintena de intervenciones en Begur, donde finalmente se ha frenado la construcción de 629 viviendas. El grueso de las intervenciones ha optado por desclasificar suelos que hasta ahora se consideraban urbanizables o urbanos para incluirlos en un régimen de protección especial y transformarlos en suelo no urbanizable. Los motivos varían, pero en muchos casos la Generalitat ha buscado preservar zonas forestales, corredores biológicos o marcos paisajísticos que se hubieran visto alterados por la urbanización de los sectores ahora desclasificados. La purga no ha gustado al Ayuntamiento de Begur, liderado por la alcaldesa de Junts, Maite Selva. El consistorio argumenta que tenía convenios urbanísticos firmados para desarrollar algunos de los sectores paralizados, por lo que ha dado los primeros pasos para impugnar el plan ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya mediante un contencioso administrativo. “La Generalitat se ha olvidado de la autonomía municipal y ha planificado a espaldas del Ayuntamiento”, aseguran fuentes municipales de Begur. “Están cambiando las reglas del juego. Terrenos que ellos decían que eran edificables, ya no lo son. No estamos de acuerdo con eso”. Negociación con varios ayuntamientos Begur no fue el único consistorio en plantear dudas respecto al plan director. También lo hicieron Palafrugell, Sant Feliu de Guíxols, Castell-Platja d’Aro, Calonge, Palamós y Pals. En marzo del 2021 enviaron un requerimiento a la Generalitat pidiendo aclaraciones sobre varios aspectos técnicos del documento. “Les preocupaba uno de los artículos del plan. Pensaban que sus criterios no eran lo suficientemente objetivos y temían que acabara generando inseguridad jurídica”, aseguran fuentes del Departament de Territori i Sostenibilitat. La Generalitat optó por negociar y acabó limando el redactado, abortando así la posibilidad de que recurrieran a los tribunales, como sí hará finalmente Begur. “Muchos promotores advirtieron a los ayuntamientos que si el plan se aprobaba no solo exigirían responsabilidades patrimoniales a la Generalitat, sino también a ellos. De ahí que hubiera cierta ansiedad entre algunos alcaldes”, asegura Josep Maria Aguirre, profesor de Derecho Administrativo y miembro de la comisión de urbanismo de Girona que aprobó el plan. Por el momento, el Govern no ha llevado a cabo una provisión de fondos para hacer frente a las potenciales indemnizaciones. Convenios firmados con los propietarios de los terrenos En el caso de Begur, la preocupación no se deriva tanto del dinero que tendría que desembolsar a los propietarios de los terrenos, sino de los ingresos que perderá a raíz de su desclasificación. “Tenemos convenios firmados conforme nos han avanzado dinero. Estamos hablando de medio millón de euros, por no hablar de todo lo que supone en pérdida de contribuciones”, aseguran desde el municipio. Esas mismas fuentes sostienen que, al menos una decena de propietarios, acudirán a los tribunales para exigir compensaciones a la Generalitat, aunque ninguna de las promotoras consultadas por este diario ha querido pronunciarse al respecto. El perfil de estas últimas llega algún tiempo cambiando en el Baix Empordà. Cada vez son más activos los fondos de inversión, que construyen viviendas de lujo para clientes generalmente extranjeros. “Compran varias parcelas y las juntan, de modo que acaban apareciendo unas urbanizaciones que no tienen nada que ver con las dimensiones previstas inicialmente”, dice el arquitecto Josep Ferrés Marcó, miembro de SOS Costa Brava, la federación de plataformas cívicas que más ha presionado en los últimos años para exigir la protección del litoral. El plan director ha acabado con algunos de esos proyectos, como los planificados en los cerros de Sa Riera o la cala de Aiguafreda, pero ha dejado otros intactos, como la urbanización que se construye en la vieja cantera de S’Antigua, incrustada en un manto de pinos. “Al ritmo actual, en 10 años se acabarán los suelos edificables en Begur, pero ni los constructores ni los promotores se van a quedar sin trabajo. Cada vez se opta más por rehabilitar y rehacer viejas viviendas”, dice el arquitecto Ferrés Marcó. A su juicio no había muchas más alternativas que la masiva suspensión de licencias dictada por el Govern en todo el litoral porque, como sucede en otros puntos de la Costa Brava, la masificación pone cada verano los recursos hídricos y eléctricos de Begur al borde del colapso. “Los promotores deberían más bien pensar que si seguimos construyendo a un ritmo desbocado y consolidando con normas anticuadas todos los suelos edificables, lo único que conseguirán es matar la gallina de los huevos de oro”.

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El municipio gerundense impugnará en los tribunales la suspensión de licencias de construcción de la Generalitat aduciendo que ya tenía derechos contraídos con varios promotores

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