Catalunya blinda sus costas frente al urbanismo más voraz

En septiembre del año pasado, el Consejo Asesor por el Desarrollo Sostenible de Catalunya (CADS), un organismo dependiente de la Generalitat, presentó un informe sobre el futuro de la costa catalana. Contenía numerosas recomendaciones para adaptarla a los embates del cambio climático, pero también desprendía cierto hedor a autopsia anticipada: "un litoral al límite”, titularon sus forenses. Hablaron de la acelerada regresión de las playas y los deltas fluviales, de la desaparición de los sistemas dunares que ejercen de barrera frente al mar, del "mal estado de conservación" de la mitad de los hábitats naturales y de la masiva urbanización de la costa. El ladrillo cubre el 59% del litoral en sus primeros 100 metros, un porcentaje que crece hasta el 81% si se descuentan el Cap de Creus y el Delta de l’Ebre, los principales espacios protegidos. Desandar lo andado es siempre difícil, pero después de muchas décadas de excesos urbanísticos, especulación desorbitada y masificación turística, los vientos han comenzado a cambiar. Las leyes se han vuelto restrictivas, al menos aquellas que emanan de la Generalitat. Tanto por la presión ciudadana como por los imperativos del cambio climático. Pero también por la voluntad de “poner orden” en la madeja ingobernable de planeamientos urbanísticos municipales, algunos totalmente obsoletos, que han contribuido a espolear la recurrente corrupción que rodea al ladrillo. Ese propósito de enmienda dio sus primeros pasos en 2005 con los Planes Directores Urbanísticos del Sistema Costero (PDUSC), que dejaron fuera del proceso urbanizador cerca de 230 kilómetros cuadrados de litoral, dos veces el término municipal de Barcelona. “Corríamos el riesgo de haber serrado las patas de las sillas donde nos sentamos”, dice el geógrafo Oriol Nel.lo, por entonces secretario para la Planificación Territorial. “Los PDUSC trataron de marcar un punto de inflexión”. Aquella desclasificación masiva de suelos para su preservación, impulsada por el último Ejecutivo socialista de Pasqual Maragall, ha continuado con los gobiernos independentistas, que pusieron en marcha en 2015 la revisión de “suelos no sostenibles” del litoral. El año pasado se aprobó el Plan Director de Suelos no Sostenibles del Litoral de Girona y actualmente está en fase de tramitación el que reordenará las costas de Barcelona y Tarragona. Este último excluye el área metropolitana de la capital catalana, que se abordará por separado. “Estos planes son importantes porque ayudarán a reducir la presión sobre el litoral, donde quedan pocos ámbitos por urbanizar”, afirma Andreu Cacho desde el Grup d’Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans (GEPEC). “Servirán para mantener conectores entre los ecosistemas costeros y montañosos, conservar zonas de alto interés florístico y espacios de nidificación o invernada”. Esta vez el espacio revisado es algo más conflictivo porque incluye suelos urbanizables por desarrollar o parcialmente desarrollados, así como falsos suelos urbanos, ocupados generalmente por entornos naturales. Y aunque ninguno de los planes contempla demoliciones o aspira a revertir desmanes anteriores, sí buscan poner coto a buena parte de las 120.000 viviendas planificadas en el litoral, según el recuento del CADS. Sus bestias negras son las urbanizaciones aisladas de los núcleos urbanos, los desarrollos en zonas inundables y en pendientes superiores al 20% o los proyectos con un elevado impacto paisajístico. 85.000 viviendas temporalmente frenadas El plan de la Costa Brava ha servido para frenar la construcción de 15.000 viviendas, la mitad de las que contemplaba su moratoria inicial, mientras que el de Malgrat de Mar a Alcanar ha suspendido provisionalmente el desarrollo de otras 70.000, una cifra que probablemente menguará cuando se apruebe definitivamente el plan. “La Generalitat ha sido cuidadosa. Ha tratado de desclasificar la máxima cantidad de suelo posible, pero sin tener que incurrir en indemnizaciones. Eso explica porque no se protegieron todos los sectores previstos inicialmente en la Costa Brava”, explica Josep Maria Aguirre, profesor de Derecho Administrativo y miembro de la comisión de urbanismo que aprobó el plan gerundense. No es una cuestión baladí. Casi la totalidad de los terrenos transformados en no urbanizables o aquellos que han visto restringidas sus pautas de desarrollo pertenecen a particulares y promotoras inmobiliarias. Y en lugares tan codiciados como la Costa Brava, un planteamiento maximalista podría haber dado pie reclamaciones multimillonarias en los tribunales. Una postura que ha dejado, sin embargo, un regusto agridulce entre las entidades sociales y ecologistas surgidas en los últimos años para exigir el freno al hormigón en el litoral. “Estamos contentos, pero queremos más”, dice Lluís Estamariu, portavoz de SOS Costa Daurada. “La Generalitat debería haber sido más ambiciosa y no solo con la moratoria. Hace falta un plan de acción para deconstruir y liberar las zonas del litoral más castigadas por el cambio climático, la erosión o la falta de sedimentación”. No todos los municipios se han visto afectados por la revisión. Han quedado excluidos aquellos que cuentan con planeamientos de ordenación municipal urbanística (POUM) posteriores a 2010, aquellos teóricamente adaptados a los criterios medioambientales o paisajísticos más recientes. Insuficiente ambición “La filosofía última de estos planes es poner orden. Había centenares de planeamientos municipales de distintas épocas y era importante armonizarlos”, aseguran fuentes del Departament de Territori i Sostenibilitat. En Girona quedaron fuera cinco grandes municipios; en Barcelona y Tarragona, otros 11. “El plan director es un gran paso adelante, pero claramente insuficiente porque todavía hay un gran potencial de construcción en el que no se ha incidido”, afirma Eduard de Ribot, portavoz de SOS Costa Brava, donde ha vuelto el apetito de fondos y promotoras por tapizar sus bosques de residencias de lujo para el verano. “Algunos ayuntamientos se aliaron con los promotores para hacer lobi contra el plan director argumentando que ya tenían planes aprobados o convenios firmados. Pero si algo se ha demostrado es que, con voluntad política, se puede cambiar el urbanismo de un país en 24 horas”, sostiene De Ribot. El Ayuntamiento de Begur es el único por el momento que ha anunciado su intención de impugnar el plan en los tribunales. Para los promotores no son malos tiempos. En el mercado hay mucha más demanda que oferta y el 80% de todo lo que se construye, se vende antes de que acaben las obras, según la Associació de Promotors de Catalunya. El sector no parece demasiado preocupado. “No hemos presentado todavía alegaciones al plan de Barcelona y Tarragona porque no se sabe qué planes quedarán definitivamente suspendidos. Es probable que algunos estén justificados porque nadie ha hecho nada por desarrollarlos durante décadas”, dice su secretario general técnico, José Donés. “Eso no quita que nos preocupe la elevada inseguridad jurídica de estas normas”. La reordenación de suelos en curso servirá de ensayo para lo que está por llegar. Y es que, según sostienen algunos estudios, es probable que en un futuro no demasiado lejano haya que demoler viviendas en primera línea y trasladar infraestructuras hacia el interior para protegerlas de las bofetadas del cambio climático. “Estos planes directores servirán para saber dónde están los límites de la Administración: hasta dónde puede llegar la Generalitat sin pasar por caja”, dice el abogado Josep Maria Aguirre.

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Los nuevos planes de revisión de suelos no sostenibles del litoral frenan provisionalmente la construcción de 85.000 viviendas

La Generalitat busca armonizar planeamientos municipales, adaptarlos al cambio climático y prevenir nuevos destrozos paisajísticos

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