Cómo destruir un millón de kilos de droga sin dañar el medio ambiente

Técnicos del Ministerio del Interior han probado para el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) un nuevo método para destruir in situ la marihuana incautada en operaciones antidroga y disminuir su incineración, además de almacenar menos cantidad en instalaciones policiales. La prueba se ha realizado en una finca de la provincia de Toledo en fechas recientes. El emplazamiento es de momento reservado. Fuentes del CITCO explican que se ha hecho con observadores judiciales y usando una cosechadora modificada. La idea es que la máquina entre en la plantación –o se emplace junto a un sótano de cultivo indoor- y pulverice las plantas aprehendidas. “No vamos a hacer a la colombiana, entrando en la finca y prendiendo fuego; eso contamina demasiado”, explican estas fuentes. Una instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad, la 8/2018, permite desde hace tres años disponer apelmazada o pulverizada la droga que se incauta. Desde entonces, el CITCO recomienda a los cuerpos policiales el uso de trituradoras de biomasa, como las que se usan en la limpieza de bosques.. Ahora, el CITCO tiene instrucciones del Gobierno de buscar un método rápido y no contaminante de eliminación de alijos para acabar con el “serio problema logístico” que admitía recientemente el ministro Fernando Grande-Marlaska, en referencia a la guarda y custodia de la droga intervenida. Este año ya hay acumulados en manos de las fuerzas de seguridad un millón de kilos de distintas drogas esperando un auto judicial de eliminación, según las mismas fuentes, y el Gobierno se enfrenta al problema de destruirlas por el método menos lesivo para el medio ambiente. Montones en el garaje La marihuana no es la que más pesa pero sí la que más abulta, más que los fardos de hachís. Pesan y ocupan menos –y no solo en la estadística- los paquetes de cocaína, y marginalmente las pastillas y la heroína. Pero el problema es general: al final del año, las muestras de alijos almacenadas llegan a ser tantas que se comen el espacio disponible en comisarías y cuarteles. En las sedes importantes de la Guardia Civil en la mitad sur del país, y en numerosas de los Mossos –Catalunya es segunda comunidad en volumen de incautaciones-, la marihuana almacenada deja a los funcionarios de la seguridad pública sin aparcamiento, y tienen que dejar fuera sus vehículos. “Y no solo es eso: también es lo que huele –comenta un agente adscrito a los servicios centrales de la policía catalana, en el Complejo de Egara, en Sabadell-. En mi edificio sabes bien cuándo estás pasando por encima de un montón de droga. Hay pasillos sobre el garaje en los que, hasta que se seca la droga, el olor es muy fuerte”. Los estupefacientes permanecen “en pupilaje”, dice el mosso, hasta que el juez instructor de la operación en la que fueron incautados emite un auto autorizando su destrucción. El periodo de instrucción judicial de un golpe policial antinarcóticos de mediana complejidad es de 15 meses. Y la droga se va amontonando. Este año acaba con un millón de kilos de drogas de incautaciones antiguas esperando destrucción, pero vienen más: según la más reciente estadística del CITCO, en 2020 se aprehendieron 581.252 kilos de drogas: hachís (474 toneladas), marihuana (70 toneladas), cocaína (37 toneladas) y heroína (179 kilos)… más lo que pesen (que no se calcula) 1.880.512 pastillas de éxtasis, metanfetamina y otras drogas sintéticas intervenidas por las fuerzas de seguridad. En ese montón, la marihuana es la que más se expande en sótanos y aparcamientos de los agentes: si en 2020 guardias, policías, mossos y ertzainas aprehendieron 1.700.462 plantas, el balance de 2021 va a dejar cortas esas cifras: el 14 de diciembre ya iban 3.071.000 plantas arrancadas, según el recuento del CITCO sobre operaciones antinarco de todos los cuerpos policiales. En 2016, hace solo cinco años, pillaron 724.611 plantas, casi cinco veces menos. “La situación es especialmente preocupante en cuanto al almacenamiento de las sustancias intervenidas, ya que en muchos casos la acumulación sobrepasa la capacidad de los depósitos, lo que genera serios problemas para la seguridad y la salud públicas”, dice la ‘Guía práctica de actuación sobre la aprehensión, custodia y destrucción de drogas’ del Gobierno. El documento, de 2015, establece que “siempre que sea posible, la destrucción del alijo intervenido debe producirse al inicio mismo del procedimiento”. Al horno Las policías buscan sitios de confianza para quemar la droga; no se puede pegarle fuego a un millón de kilos en cualquier lugar. Cogersa, la firma pública asturiana que gestiona la incineradora de residuos urbanos de Gijón, es el mayor punto de quema de droga de España. Según fuentes de la empresa, allí se destruye el 70% de los estupefacientes incautados en el país. Y se hace en medio de estrictas medidas de seguridad para evitar asaltos. Los camiones con el cargamento llevan una custodia policial; muy pocos empleados, y siempre los mismos, conocen el secreto de qué día llega la droga; la cadena de custodia exige policía especializada, firmas de actas de depósito y de recibo y cumplimentación de un formulario con el porqué del transporte y un Acta de Destrucción con firma de todos los intervinientes. Hay otras incineradoras con contratas del Gobierno, pero Interior se guarda los nombres por seguridad. “Es confidencial a petición también de ellas”, explica una fuente de la Seguridad del Estado. De desvelarse, las firmas se verían obligadas a movililzar más vigilancia de la que ya tienen. En Catalunya, los Mossos han recurrido para grandes destrucciones a los hornos de Tersa en Sant Adrià del Besós (Barcelona). Se trata de una compañía pública de tratamiento de residuos y valorización energética, la misma a la que los Mossos llevaron a quemar cajas de papeles interceptadas por la Policía Nacional en las pesquisas sobre el referéndum del 1-0. En Tarragona, llevan la droga a destruir a Sirusa (Servei d'Incineració dels Residus Urbans SA), la incineradora municipal. En Girona, los estupefacientes almacenados por la policía hasta que el juez los libera se llevan a los hornos de la incineradora municipal de Campdorá. La quema de cannabinoides implica más problema por su volumen que por su composición. Incinerar cocaína exige un tipo especial de filtro en la chimenea, pues uno de los residuos de la combustión es el cloro. Decisión del juez La lentitud de los procesos judiciales agrava la acumulación de decomisos. Ya en julio de 1994, el gobierno de Felipe González impulsó un cambio del artículo 338 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: “En el supuesto de la aprehensión de droga, la realidad aconseja que esa destrucción sea, salvo excepción, obligatoria”, explicaba el preámbulo de la ley. Desde entonces, el juez o la jueza instructores de una incautación de drogas deben considerar “el peligro real o potencial que comporte su almacenamiento o custodia”. Y así escuchará al fiscal “y al propietario, si fuere conocido”, de los efectos incautados y “ordenará su inmediata destrucción conservando muestras suficientes de dichas sustancias”. Un convenio de 2012 firmado por Interior, Justicia, Hacienda y la Agencia Española del Medicamento insiste en lo de las “muestras suficientes”. Prevé que las policías se dirijan al juez solicitando la destrucción. Entonces, “el juez competente acordará la inmediata destrucción del alijo”, dice, “conservando únicamente muestras suficientes de dichas sustancias para garantizar ulteriores comprobaciones”. Esa muestra deberá ser conservada por los agentes hasta que sobre la incautación haya sentencia firme. El problema es cuánto es “muestra suficiente”. El convenio dice que lo es “la cantidad de droga que garantice la práctica de contra-análisis”. Habitualmente, en una plantación grande, la Guardia Civil coge 10 de cada 30 plantas de forma aleatoria y, siguiendo una convención de Naciones Unidas, pone la muestra a secar, y el peso de los cogollos secos se extrapola al resto de lo incautado. “No se puede guardar poco –explica una fiscal especial andaluza- porque los abogados de los traficantes recurren siempre pidiendo que se repita el peso y se realice análisis de todas las plantas incautadas”.

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