Alejandro Tiana: "La 'ley Celaá' y la sentencia del 25% no dicen cosas opuestas"

Alejandro Tiana (Madrid, 1951) comenzó su carrera con 23 años como profesor de EGB en el colegio Siglo XXI de Madrid. Doctor en Filosofía y Letras y catedrático de Teoría e Historia de la Educación, lleva desde 2018 ejerciendo de secretario de Estado de Educación. Junto a la exministra Isabel Celaá cocinó la actual ley educativa, la octava de la democracia, que dictamina que los estudiantes de Catalunya deben ser competentes en catalán y en castellano al terminar la educación obligatoria. Tiana recibe en su despacho a EL PERIÓDICO para analizar el caso de la escuela de Canet y la sentencia judicial que insta a la Generalitat a ofrecer, como mínimo, el 25% del horario lectivo en castellano. ¿Cómo están viviendo en el ministerio este litigio? Del modo más razonable y positivo posible. Hay un gran enfrentamiento que no es bueno para resolver la situación. Procuramos darle la importancia que tiene, pero sin sobreactuar. La ley Lomloe, conocida por el apellido de Celaá, dice que los estudiantes deberán ser competentes tanto en castellano como en catalán. En su día, ERC lo planteó como un blindaje de la inmersión. ¿Cómo se compagina eso con la sentencia del 25%? Hablamos de una sentencia judicial. Los jueces no son educadores ni políticos de la educación. Ellos han interpretado que ese es el modo de asegurar que hay un tratamiento suficiente del castellano. Me parece que el asunto es más complejo. ¿Cómo asegurar que al final de la educación obligatoria, todos los estudiantes de las autonomías con lengua propia (más del 40% de la población española) adquieren la competencia suficiente en las dos lenguas? Nuestro mundo es cada vez más pluricultural y plurilingüe. Lo que debemos asegurar desde el sistema educativo, y la ley así lo dice, es que los centros tengan medidas compensatorias. Eso quiere decir que en algunos centros habrá que reforzar una lengua y en otros otra. Distintas soluciones, vaya. Lo que no podemos olvidar es el objetivo. Es una cuestión que va más allá de unos porcentajes establecidos. ¿Qué prevalece? ¿La Lomloe o la sentencia? No son cosas opuestas. Habrá que armonizar aspectos. En su opinión, ¿qué debería hacer la Generalitat? La sentencia es de obligado cumplimiento. Deben ser las autoridades catalanas las que estudien cómo aplicarse. En mi opinión, no sé si establecer porcentajes en abstracto es la mejor solución. Sé que hay debate entre la ley y los tribunales. Son temas jurídicos en los que no me siento competente. Creo que hay maneras de abordarlo, pero no soy yo el que tiene que poner soluciones. ¿Qué haría usted? Cuando la lengua se convierte en objeto de controversia política e identitaria a veces se generan debates que sobrepasan lo estrictamente educativo. Al final, los porcentajes tampoco son tan fundamentales. Es un debate que, por ejemplo, se está llevando a cabo en otras comunidades con los sistemas de aprendizaje bilingüe en inglés. No sé por qué en el caso del catalán tiene que ser diferente. Sobre todo, teniendo en cuenta la cercanía entre el castellano y el catalán. La sentencia del 25% se está tomando como un arma arrojadiza pero hay vías de poder respetar el fallo judicial y, al mismo tiempo, buscar el objetivo educativo que pretendemos. ¿Está invitando a la Generalitat a que acate ese 25% encontrando modelos flexibles? No le voy a decir nada al Govern. Entiendo que Educació está dando vueltas al asunto para cumplir el mandato del tribunal. No es un tema trivial. Vivimos en un estado de derecho y hay una separación de poderes. Imagino que la ‘conselleria' está pensando cómo cumplir la sentencia y al mismo tiempo no renunciar al objetivo que establece la ley, que ellos, en su día, apoyaron. Creo que Josep González-Cambray ha dicho que las sentencias están para cumplirse pero defiende la importancia del catalán y su cuidado. Lo entiendo perfectamente. Todo esto tiene que reposar sobre un grado de autonomía de los centros educativos. No estoy diciendo que cada escuela haga lo que quiera, sino que busquen las soluciones que no tienen por qué ser idénticas. La presidenta del Parlament, Laura Borràs, instó al 'conseller' a tomar la dirección de la escuela de Canet. Lo considero una declaración política que no reposa en un análisis educativo. Me consta que la Generalitat está apostando por la autonomía pedagógica en el sentido curricular, así que decir que la solución es que le quiten la autonomía los centros para entregarla a la 'conselleria' no concuerda mucho. En la escuela catalana el modelo de inmersión ha evitado la segregación del alumnado, que se maneja en las dos lenguas. Muchos se preguntan por qué hay que cambiar un sistema que funciona. La ley de educación catalana fue validada por los tribunales. Repito, en esta polémica los juristas tienen un debate. Es complejo y requiere tiempo de maduración El plazo es corto, solo dos meses. Bueno, todos sabemos lo que dan de si 24 horas. Además, también hay que ver cómo se aplica. Los colegios están inmersos en el curso. ¿Todo esto significa que hay que cambiar ahora al profesorado? Quiero decir, no me preocupa tanto qué pasa cuando expire el plazo sino qué sucederá el curso escolar que viene.

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El secretario de Estado de Educación asegura que el objetivo educativo es más complejo que establecer porcentajes para las lenguas

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