Las entidades sociales cifran en 1.403 los pisos que faltan para familias vulnerables

"Es oír la palabra llave... y ponerme a llorar", se sincera Maribel Tejeda, una mujer de 52 años que hace un mes y medio fue desahuciada del piso que había comprado en 2007. Ahora está en lista de espera para acceder a una vivienda social de emergencia. "¿Cómo lo haré para aguantar tres años así?", se pregunta, desde una habitación compartida en el barrio del Raval de Barcelona. Como ella, las entidades sociales en Catalunya se desesperan ante la falta de vivienda pública para los más vulnerables. La Taula d'Entitats del Tercer Sector y la Coordinadora de Fundacions d'Habitatge Social aseguran que necesitan 1.403 viviendas públicas para sus usuarios, el 64% más que hace cinco años. "Es imprescindible un crecimiento de la vivienda pública", ha insistido Carme Trilla, presidenta de Hàbitat3. Maribel Tejeda llegó con 18 años a Barcelona, a finales de los años 80. Y desde entonces hasta hoy no ha dejado de trabajar. Cuidando a personas mayores, limpiando habitaciones de hotel, en residencias de ancianos y ahora en el Servicio de Atención Domiciliaria. "En 2007, haciendo más horas que un reloj, me compré un piso en Hostafrancs, en Barcelona, con una hipoteca del Deustche Bank", explica. "Era mi sueño, mi ilusión, mi vida...", resume entre sollozos. En 2013 el hotel donde trabajaba cerró y pasó a otros trabajos con sueldos más bajos. "Fue imposible seguir pagando la hipoteca", cuenta. Con el apoyo de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y gracias a la ley 24/15 logró quedarse en su piso a cambio de un alquiler social de 262 euros al mes. "Yo no es que no quiera pagar, es que no puedo pagar 1.000 o 1.500 euros de hipoteca", dice Tejeda. En 2017 el banco vendió el piso donde ella vivía a un fondo de inversión. Su contrato de alquiler social terminó en mayo de 2019 y esta nueva empresa no le quiso renovar. "Allí empezó el infierno, las noches de no dormir...", cuenta esta mujer que, hasta que no se fue del piso, ha pagado cada mensualidad. Le tocó aguantar hasta tres desahucios. Uno se paró con la moratoria estatal por la pandemia del coronavirus. El segundo, por los activistas en la puerta. Pero el tercero se acabó ejecutando. "Vi a la policía por la puerta y pensé que si seguía más tiempo en ese piso me hubiera tirado por el balcón", prosigue. Ahora, Tejeda forma parte de la larga espera. Las centenares de familias que en Catalunya tienen el derecho a acceder a un piso de emergencia social, pero deben esperar para ello. A ella le han dicho que puede tardar tres años. "Ahora estoy viviendo en una habitación compartida, pero ¿Cuánto tiempo voy a aguantar esto?", se pregunta. El problema es que Maribel cobra 680 euros al mes trabajando prestando servicios de limpieza en el Servicio de Atención a Domicilio de Barcelona para personas dependientes. Miles de personas La historia de Maribel es la historia de miles de personas. También las que son atendidas por las entidades sociales en Catalunya. Un estudio presentado este martes muestra como el acceso a la vivienda es, también, el gran rompecabezas de las oenegés. En estos momentos, el Tercer Sector acoge a 9.952 personas que, si no fuera por ellos, estarían viviendo en locales, pisos ocupados, habitaciones compartidas o en la calle. Son familias que han sido desahuciadas, como Tejeda, pero también mujeres víctimas de violencia machista o personas con discapacidad o trastornos de salud mental. Las entidades sociales gestionan 4.098 pisos en 2021, pero hace cinco años sólo tenían 1.522. Un crecimiento del 169%. Pero el estudio demuestra que, estas mismas entidades, necesitan 1.403 pisos más para todas las personas que se han quedado fuera. "Son viviendas que necesitamos de hoy para mañana", ha insistido la presidenta de a Fundació Habitat3, Carme Trilla. "El ritmo de la mesa de emergencia es insuficiente, no hay tantos pisos para la gente que los necesita y es un problema muy grave", ha dicho Trilla. Que además ha señalado que muchas personas no encuentran una alternativa para después, poder pagar un piso en los precios de mercado. Por localidades, el gran grueso de peticiones de vivienda se hace desde Barcelona y su Área Metropolitana. Pero también destacan municipios de la provincia de Lleida, Girona o el Delta de l'Ebre. Claro está, estas son localidades donde hay entidades sociales que necesitan alojar en pisos a sus usuarios. En Barcelona ciudad, de hecho, se cuentan el 51% de las demandas de viviendas. Allí es donde Maribel Tejeda sigue viviendo en una habitación compartida. "Me siento como si hubiera vuelto atrás, como si hubiera caído en un pozo... todo lo que hice ha acabado en nada", solloza justo después de volver del trabajo.

Las entidades sociales cifran en 1.403 los pisos que faltan para familias vulnerables

Personas desahuciadas, con discapacidad o mujeres víctimas de violencia de género tienen imposible pagarse una vivienda y están en espera de un alquiler social

La necesidad de techo de las oenegés catalanas ha crecido un 64% en los últimos 15 años

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